Un paso decisivo dio este miércoles el proyecto de ley que busca prohibir y sancionar la maternidad subrogada en el país. Con nueve votos a favor, la Comisión de Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó la moción parlamentaria que apunta a erradicar lo que define como la "mercantilización de la gestación".

La iniciativa, impulsada por el diputado Juan Irarrázaval, se fundamenta en que la gestación por sustitución es una práctica "contraria a la dignidad de las mujeres y los niños". El proyecto busca establecer la nulidad de pleno derecho de cualquier contrato de este tipo, sentando el principio jurídico de que la filiación materna se determine únicamente por el acto del parto, sin posibilidad de acuerdos previos de entrega del recién nacido.

Cárcel para intermediarios y profesionales Uno de los puntos más polémicos y robustos de la propuesta es la tipificación de nuevos delitos. El texto sanciona con penas de presidio y multas la intermediación, promoción, organización y comercialización de la maternidad subrogada.

Estas sanciones no solo apuntan a los particulares, sino que incluyen específicamente a profesionales de la salud que participen en estos procedimientos. Además, se castigarán con especial severidad aquellas conductas que se aprovechen de la vulnerabilidad social o económica de las mujeres gestantes.

Restricciones sanitarias y de adopción El proyecto también propone barreras preventivas para cerrar posibles vacíos legales en el sistema sanitario y de familia:

• Prohibición de transferencia de óvulos con fines reproductivos bajo acuerdos de subrogación.

• Inhabilidad para adoptar: Se propone prohibir la adopción a personas o parejas que hayan participado en acuerdos de maternidad subrogada, tanto en Chile como en el extranjero.

Tras este respaldo en la comisión técnica, la iniciativa pasará a ser discutida en la Sala de la Cámara. El debate se anticipa intenso, ya que pone en tensión los derechos reproductivos y las nuevas formas de familia frente a la protección de la mujer contra la explotación y la dignidad del niño como sujeto de derecho y no de comercio.