Un fuerte llamado de atención recibió el Ejecutivo desde el Congreso. La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría —102 votos a favor y solo uno en contra— la Solicitud de Resolución N°1573, que insta al Presidente de la República a intervenir de manera urgente ante la crítica falta de gestión en el Plan de Zonas Rezagadas de Puerto Edén.

La iniciativa, liderada por la diputada magallánica Javiera Morales, expone una realidad alarmante: de los 22 mil millones de pesos comprometidos para transformar esta localidad mayoritariamente kawésqar, apenas se ha ejecutado una fracción mínima, dejando proyectos vitales estancados en la burocracia central.

Cifras rojas y obras en el aire

Según datos de la Subdere revelados en la Comisión de Zonas Extremas, el programa —que ya cumple cuatro años de vigencia— presenta un escaso 4% de avance. Esta inacción estatal mantiene en espera proyectos fundamentales como:

• Electrificación y alcantarillado: Servicios básicos aún deficientes en la zona.

• Conectividad digital: Clave para romper el aislamiento de una de las comunidades más apartadas del mundo.

• Servicios básicos e infraestructura: Obras de justicia territorial postergadas por años.

“Estamos hablando de derechos básicos y de una deuda histórica con una comunidad indígena que ha esperado demasiado. El Estado no puede seguir fallándole a Puerto Edén”, enfatizó la diputada Morales tras la votación.

Cambios en la gobernanza y probidad

La resolución aprobada solicita formalmente al Presidente instruir a la Subdere para que adelante la evaluación de medio término del plan y modifique su diseño actual. Se busca otorgar mayor participación al Municipio de Natales y a actores con presencia territorial para agilizar los procesos.

Además, la parlamentaria recordó que el proceso se ha visto empañado por recientes cuestionamientos de probidad en proyectos locales, lo que ha profundizado la desconfianza de los habitantes y ha servido de excusa para nuevos retrasos administrativos.

Puntos clave de la Resolución N°1573:

• Asegurar recursos: Garantizar íntegramente los $22 mil millones asignados.

• Flexibilidad: Extender excepcionalmente los plazos de ejecución para evitar la pérdida de fondos.

• Fiscalización: Evaluación inmediata de la gestión de Subdere en la zona.

• Gobernanza: Permitir que las decisiones tengan mayor pertinencia local y no solo centralizada.