La conectividad y la geografía no son los únicos desafíos en el extremo sur; la burocracia y la falta de infraestructura están poniendo en jaque al sistema procesal penal. Así quedó de manifiesto en la primera reunión anual de la Comisión de Coordinación regional, presidida por la seremi de Justicia, Michelle Peutat, donde se expuso una cruda realidad: la zona más austral del país carece de recintos penales básicos.
El presidente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marcos Kusanovic, fue tajante al señalar la vulnerabilidad de la Provincia de Cabo de Hornos. Actualmente, en Puerto Williams es imposible decretar una prisión preventiva efectiva por falta de un recinto adecuado, lo que obliga a realizar traslados en vuelos comerciales hacia Punta Arenas, un proceso que calificó como "engorroso" y fuera de los estándares mínimos.
La radiografía presentada ante la comisión, que integra también al fiscal regional Cristian Crisosto y la defensora regional Verónica Reyes, reveló nudos críticos en todas las provincias:
Puerto Williams y Porvenir: La PDI recalcó la urgencia de instalar destacamentos permanentes en estas zonas. Además, se planteó que Gendarmería necesita un proyecto sectorial (vía GORE) para levantar un recinto carcelario en Cabo de Hornos.
Punta Arenas: La PDI advirtió que su edificio central ya no es funcional para la demanda actual, mientras que Gendarmería alertó sobre niveles de saturación y hacinamiento en las cárceles de la capital regional y Porvenir.
Puerto Natales: Se identificó como prioridad crítica la construcción de un cierre perimetral para el Centro de Detención Preventiva, esencial para garantizar la seguridad del recinto.
Las autoridades coincidieron en que la precariedad actual no solo encarece los procedimientos judiciales por los costos de traslado y logística, sino que también pone en riesgo el cumplimiento de tratados internacionales de Derechos Humanos. La falta de infraestructura adecuada impide que la justicia se aplique de manera oportuna y digna en las zonas aisladas.