En un fallo que marca un precedente sobre la protección de los derechos de los funcionarios públicos en la región, el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas acogió la demanda de tutela laboral presentada contra la Seremi de Desarrollo Social y Familia de Magallanes. La sentencia condena al organismo estatal al pago de una millonaria indemnización tras acreditarse que el despido de una profesional fue una represalia directa.

El magistrado Cristian Armijo Silva fue categórico al establecer que la institución vulneró la garantía de indemnidad, la cual protege a los trabajadores de cualquier represalia por parte de su empleador tras haber iniciado acciones judiciales.

Un despido "contaminado"

La funcionaria fue desvinculada a fines de noviembre de 2023 bajo el argumento de "no renovación de contrata". La defensa de la Seremi intentó justificar la medida apelando a una supuesta reestructuración y a que el puesto era un "cargo de confianza" debido a su alto grado administrativo (Grado 4 E.U.S.).

Sin embargo, el juez desestimó estas razones calificándolas de "formales e insuficientes". El fallo precisó que, al momento del despido, la mujer realizaba labores administrativas internas y no funciones de confianza política, por lo que su remoción no podía ser discrecional. Para el tribunal, la decisión estuvo claramente "contaminada" por una demanda de tutela anterior que la trabajadora había interpuesto contra el servicio.

Daño moral y emocional

Uno de los puntos clave del juicio fue la presentación de peritajes del Servicio Médico Legal (SML), los cuales confirmaron que la trabajadora sufrió una sintomatología ansioso-depresiva a raíz del conflicto. El tribunal consideró que el actuar de la Seremi no solo fue ilegal, sino que truncó una carrera de más de una década, afectando profundamente la psiquis de la profesional.

En consecuencia, el tribunal ordenó el pago total de $51.046.830, desglosados de la siguiente manera:

• $41.046.830: Por indemnización especial de tutela laboral (11 sueldos).

• $10.000.000: Por daño moral.

Puntos clave del fallo:

• Vulneración: Garantía de indemnidad (represalia por demandar anteriormente).

• Fallo: Desestima el "cargo de confianza" como excusa para el despido.

• Antigüedad: La funcionaria llevaba más de 12 años en la institución.

• Prueba clave: Informe del SML acreditó daño psicológico.