El Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana anuló, por segunda vez consecutiva, la elección del directorio de la Federación Chilena de Tenis de Mesa (Fechiteme), proceso efectuado el 4 de enero de 2025 y en el que resultó electa como presidenta la deportista Beatriz Campillay Rojas.

La resolución se originó tras una reclamación de nulidad presentada por el presidente de la Asociación de Tenis de Mesa de Viña del Mar, Javier Gómez González, quien cuestionó el cumplimiento de los requisitos estatutarios de algunos candidatos electos.

Según los antecedentes expuestos, Campillay no habría cumplido con la exigencia de pertenecer —con al menos un año de antigüedad— a la Asociación de Tenis de Mesa de Peñalolén, entidad que patrocinó su candidatura. En el sistema de fichaje de la federación (BIPTE) figuraba hasta fines de diciembre de 2024 como socia de la Asociación de San Ramón, lo que generó la controversia.

Además de la presidencia, también fueron objetados Franco Baldecchi Gallardo (tesorero) y Javiera Valenzuela Pinto (secretaria), quienes resultaron electos en el mismo proceso.

Investigación penal y peritaje de la PDI

En paralelo al proceso electoral, la Fiscalía Local de Ñuñoa abrió una investigación por el presunto delito de falsificación informática, tras una querella presentada por el propio Gómez.

En ese contexto, el Ministerio Público solicitó a la Policía de Investigaciones (PDI) un peritaje para determinar la autenticidad de la firma de Campillay en un documento utilizado ante el Instituto Nacional del Deporte (IND) para acreditar su pertenencia a la asociación de Peñalolén.

El informe del Laboratorio de Criminalística concluyó que la firma estampada en el Formulario de Pases 2024 “no procede caligráficamente de la mano de esta persona, siendo por tanto falsa por imitación”.

De acuerdo con el análisis grafoscópico, se detectaron diferencias en la inclinación y ejecución de los trazos respecto de firmas auténticas de la dirigente, como la registrada en su cédula de identidad.

Defensa anuncia apelación

Frente al fallo del Tribunal Electoral, el abogado de Campillay, Gabriel Osorio, precisó que se trata de una sentencia de primera instancia que no se encuentra firme ni ejecutoriada. Tanto la parte reclamante como la defensa interpusieron recursos ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), instancia que deberá resolver en definitiva.

El jurista sostuvo que, a su juicio, no se configuran los requisitos legales para anular la elección y manifestó plena confianza en la justicia electoral.

Respecto del peritaje de la PDI, Osorio afirmó que la investigación penal no guarda relación con el proceso electoral federativo y aclaró que Campillay no ha sido formalizada ni citada en calidad de imputada. Asimismo, indicó que ningún tribunal ha determinado la existencia de falsificación por parte de la presidenta electa o de la federación.

Nueva crisis institucional

La anulación de esta elección vuelve a tensionar a la Federación Chilena de Tenis de Mesa. Hace poco más de dos años, el mismo tribunal ya había destituido al directorio encabezado entonces por Wladimir Araya Correa, en medio de otra controversia interna.

El conflicto ahora quedará en manos del Tribunal Calificador de Elecciones, que deberá zanjar si se mantiene la nulidad o se revierte la decisión.