En una resolución judicial dictada durante la jornada de ayer, la justicia condenó a un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana a una pena que supera los cuatro años de presidio. El sujeto fue hallado responsable de un grave incidente vial ocurrido en pleno centro de la ciudad de Porvenir, donde un funcionario de Carabineros resultó lesionado mientras cumplía con sus labores de servicio.

Crónica de un atropello bajo influencia de sustancias

Los hechos que motivaron esta sentencia se remontan al 13 de junio de 2025. Según los antecedentes expuestos por la fiscal Carla Uribe, el sentenciado conducía un vehículo motorizado por las inmediaciones de la plaza de armas de la localidad fueguina.

La investigación fiscal determinó que el conductor se desplazaba en un estado de intemperancia, tras haber consumido previamente tanto alcohol como sustancias estupefacientes. En este contexto de negligencia extrema, el sujeto embistió a un carabinero que se encontraba realizando controles en una de las intersecciones de la plaza.

Omisión de auxilio y huida

Uno de los puntos más graves destacados durante el proceso judicial fue la actitud posterior del conductor. Tras impactar al uniformado, quien afortunadamente solo resultó con lesiones de carácter leve, el ciudadano ecuatoriano, no detuvo su marcha para verificar el estado de la víctima, además, omitió dar aviso de forma inmediata a la autoridad policial y no prestó ningún tipo de ayuda, intentando evadir su responsabilidad ante la ley.

“Este ciudadano condujo en estado de ebriedad y bajo el efecto de drogas, arrollando a un carabinero en servicio. Posterior al hecho, no detuvo su marcha ni dio aviso a la institución”, señaló la fiscal Uribe durante su intervención.

Sentencia y modalidad de cumplimiento

Tras analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el tribunal resolvió imponer una condena de más de cuatro años de presidio. No obstante, se decretó que dicha sanción sea cumplida bajo la modalidad de Libertad Vigilada Intensiva.

Esta medida sustitutiva implica que el condenado deberá cumplir con un estricto programa de intervención, bajo el control de un delegado de Gendarmería, con el fin de asegurar su reinserción y el cumplimiento de las condiciones impuestas por el juzgado.

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