El órgano legislativo de China dio un paso definitivo en su política de integración nacional al aprobar este jueves la nueva Ley de Unidad Étnica. La normativa formaliza y endurece la promoción del mandarín como la única “lengua común nacional” en el sistema educativo, los asuntos oficiales y todos los espacios públicos del gigante asiático.

Aunque el gobierno chino reconoce oficialmente a 55 minorías étnicas, defensores de derechos humanos alertan que esta ley representa una “desviación significativa” de las políticas de autonomía vigentes desde la era de Deng Xiaoping. Según expertos, la medida apunta directamente a la asimilación forzada de grupos como los uigures, tibetanos y mongoles, cortando sus vínculos con su historia y lengua materna.

Educación y censura: Los pilares de la nueva norma

Uno de los puntos más controvertidos es la obligatoriedad de utilizar el mandarín como idioma principal de enseñanza en regiones que históricamente mantenían sistemas bilingües. Al finalizar la educación obligatoria, todos los jóvenes deberán demostrar un dominio básico del idioma oficial.

“El objetivo es cortar los vínculos de los niños con su identidad”, denunció Erika Nguyen, de PEN America, quien subraya que el control se ha extendido al entorno digital. Según informes recientes, más del 80% de los sitios web en lengua mongola en China ya han sido censurados o clausurados. Además, la fluidez en mandarín se convertirá en un filtro económico que podría marginar laboralmente a quienes no lo hablen con naturalidad.

Alcance global: Sanciones fuera de China

Quizás el aspecto más inédito y delicado de la ley es su carácter extraterritorial. El texto establece que las personas que residan fuera de China y participen en actividades que “socaven la unidad étnica” o inciten al “separatismo” podrán ser consideradas legalmente responsables.

Esta cláusula ha encendido las alarmas en la comunidad internacional, ya que faculta al Estado chino para perseguir legalmente a disidentes, académicos o miembros de la diáspora en el extranjero que critiquen las políticas de Beijing. Al mismo tiempo, la ley criminaliza dentro del país cualquier actividad calificada como “religiosa extremista” o “separatista”, vinculándolas directamente con la seguridad nacional.