La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) encendió las alarmas ante lo que califican como un retroceso histórico en la política habitacional del país. Según el análisis del gremio sobre el programa 2026 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), se proyecta una reducción cercana al 50% en la entrega de subsidios a nivel nacional.

El punto más crítico recae en el Programa DS49, beneficio orientado a las familias del 40% más vulnerable de la población. Las cifras son elocuentes: de un promedio de 40 mil subsidios entregados anteriormente, el presupuesto para este año solo contemplaría poco más de 19 mil cupos, dejando a miles de familias en lista de espera.

Baja ejecución y parálisis de proyectos

A este recorte presupuestario se suma un problema de gestión que arrastra el sistema. La CChC advirtió que el programa del año anterior apenas alcanzó un 37% de ejecución, lo que demuestra una incapacidad del sistema para materializar los proyectos ya aprobados.

"Esta reducción no solo afecta el sueño de la casa propia, sino que pone en riesgo el ritmo de inversión y desarrollo de proyectos habitacionales en todo el país", señalaron desde el gremio. La incertidumbre se instala ahora sobre las empresas constructoras, que dependen de estos fondos para iniciar nuevas obras y mantener los niveles de empleo en el sector.

El impacto crítico en Magallanes

Para zonas extremas como la Región de Magallanes, el panorama es aún más complejo. Los costos de construcción en la zona austral son significativamente superiores al promedio nacional debido al flete, las condiciones climáticas y la mano de obra especializada.

En este contexto, una reducción masiva de subsidios podría:

• Paralizar proyectos emblemáticos que estaban en etapa de diseño.

• Acrecentar el déficit habitacional regional, que sigue siendo una de las principales demandas sociales en Punta Arenas y Puerto Natales.

• Desincentivar la inversión de constructoras locales ante la falta de certezas presupuestarias.

Un llamado al Gobierno

Desde el sector privado han planteado la urgencia de que el nuevo gobierno de José Antonio Kast revise estas metas bajo un criterio de equidad territorial. El gremio insiste en que las regiones extremas no pueden ser medidas con la misma vara que el centro del país y que es vital reactivar la inversión pública para evitar una crisis mayor en el sector construcción y en el acceso a la vivienda social.