En un masivo operativo coordinado entre la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía y la PDI, se realizaron múltiples allanamientos en dependencias de la Municipalidad de Puerto Natales y domicilios particulares de ex autoridades de la comuna.

Las diligencias, lideradas por la fiscal Johana Irribarra, permitieron la incautación de teléfonos celulares, computadores y abundante evidencia documental. Según explicó el subprefecto Francisco Garrido, jefe de la Bridec Punta Arenas, estos peritajes buscan recuperar evidencia digital clave para la investigación de delitos funcionarios.

El origen del conflicto

Este proceso judicial se gatilló a raíz de una querella criminal interpuesta por la actual administración municipal, encabezada por la alcaldesa Ana Mayorga, en contra de su antecesora, Antonieta Oyarzo Alvarado, y quienes resulten responsables. La acción legal apunta a graves irregularidades financieras detectadas tras el cambio de mando.

Las claves de la querella

La denuncia sostiene que existió un "descalabro" administrativo en la Corporación Municipal (CORMUNAT), detallando los siguientes puntos críticos:

• Desvío de fondos: Se acusa el uso de 240 millones de pesos destinados a infraestructura escolar para el pago de sueldos.

  
  

• Deudas por convenios: La firma de acuerdos colectivos sin respaldo financiero que hoy significan descuentos millonarios desde el Fondo Común Municipal.

  
  

• Subvenciones no acreditadas: Más de mil millones de pesos en fondos escolares que no habrían sido debidamente justificados ante los organismos de control.

  
  

El perjuicio total denunciado asciende a $9.018.838.492, cifra que la Fiscalía busca acreditar mediante el análisis de la evidencia incautada en este operativo.