La sentencia de la Corte Suprema pone fin a un proceso judicial iniciado tras una fiscalización de Sernapesca, donde se acreditaron tres faltas graves a la Ley General de Pesca y Acuicultura:

1. Extracción ilegal: Captura de recursos hidrobiológicos que la embarcación no tenía inscritos en su registro pesquero.

2. Falla en el Posicionador Satelital (VMS): Se detectó intermitencia en la señal del dispositivo, el cual tiene la obligación legal de emitir su ubicación cada 15 minutos para monitorear las zonas de extracción.

3. Obstrucción a la justicia: El armador obstaculizó deliberadamente la labor de los funcionarios de Sernapesca durante el operativo de control.

Respaldo al rol fiscalizador

La directora regional de Sernapesca en Magallanes, Ximena Gallardo, valoró el dictamen como una señal potente contra la pesca furtiva en los canales australes.

“Agradecemos el respaldo de la máxima corte del país a nuestro rol fiscalizador... Obstaculizar nuestra labor es un hecho grave y este fallo reafirma eso”, señaló la autoridad regional.

Sanción económica

El fallo se encuentra actualmente firme y ejecutoriado, lo que significa que no existen más instancias de apelación. El armador ha sido condenado al pago de una multa de 700 UTM, lo que se traduce en:

• Monto total: $48.922.300 (cuarenta y ocho millones novecientos veintidós mil trescientos pesos).

Este monto busca no solo sancionar el beneficio económico obtenido de forma ilícita, sino también desincentivar la manipulación de los sistemas de posicionamiento satelital, herramientas críticas para evitar la extracción en áreas de manejo o parques marinos protegidos.