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Más de 900 funcionarios públicos con prohibición de apostar transaron más de $11 mil millones en casinos
Un informe de Contraloría reveló que empleados de Carabineros, FACh, PDI y diversas municipalidades apostaron sumas que no coinciden con sus sueldos. El Ministerio de Defensa ya ordenó sumarios inmediatos.
La Contraloría General de la República (CGR) destapó una red de infracciones legales que pone en entredicho la custodia de los fondos públicos en Chile. Según el informe consolidado del ente contralor, 910 funcionarios públicos y municipales, quienes tienen prohibición legal estricta para apostar, realizaron transacciones en casinos de juego por un monto total de $11.490.456.871 entre enero de 2024 y junio de 2025.
La gravedad del hallazgo radica en la concentración del dinero: apenas 181 funcionarios representan el 96,8% de las apuestas, movilizando más de $11.118 millones. Según la CGR, estas millonarias sumas "no se condicen con el nivel de sus remuneraciones", levantando sospechas sobre el origen de los fondos.
Instituciones bajo la lupa
El informe identifica a personal de servicios críticos y de seguridad con montos individuales que, en algunos casos, superan los mil millones de pesos. Entre las instituciones con mayores transacciones figuran:
Fuerzas de Orden: Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones (PDI).
Fuerzas Armadas: Fuerza Aérea de Chile (FACh).
Organismos Financieros: Tesorería General de la República.
Administración Local: Diversas municipalidades a lo largo del país.
El artículo 10 letra b) de la Ley N° 19.995 es taxativo: estos funcionarios tienen prohibido por ley efectuar cualquier tipo de apuesta en casinos, debido a su rol en la administración o custodia de recursos del Estado.
Acciones legales y administrativas
Ante la contundencia de los datos, la Contraloría derivará los antecedentes a cuatro organismos clave:
Superintendencia de Casinos de Juego: Para sanciones a los recintos.
Ministerio Público y CDE: Para investigar posibles delitos de malversación o lavado de activos.
Servicios Públicos y Municipios: Para el inicio de sumarios administrativos.
Reacción del Ministerio de Defensa
El Gobierno reaccionó con rapidez tras conocerse que personal de la FACh y de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) está involucrado. El Ministerio de Defensa cursó oficios exigiendo que, en un plazo máximo de 5 días, ambas instituciones informen las medidas disciplinarias y los sumarios internos que se aplicarán para establecer responsabilidades.