Una audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas dejó al descubierto un dramático caso de vulnerabilidad. La Fiscalía de Magallanes formalizó cargos contra un sujeto de iniciales S.R.C.S., acusado de amenazar de muerte a su madre, una adulta mayor de 78 años, y de extender su agresividad hacia el personal de Carabineros que efectuó su captura.

Los hechos, relatados por la fiscal Rina Blanco, ocurrieron la noche del pasado 23 de marzo de 2026. El imputado llegó al domicilio materno en estado de ebriedad, iniciando un ataque verbal y físico contra la estructura de la vivienda. Pese a los intentos de la víctima por asegurar los accesos, el sujeto logró irrumpir en la propiedad a través de un patio lateral, instalándose en una habitación posterior.

Amenazas contra la autoridad

La intervención de Carabineros, solicitada por una vecina que escuchó los gritos de auxilio, terminó con la detención del individuo en situación de flagrancia. Sin embargo, el procedimiento no detuvo la violencia del imputado: durante el traslado y la constatación de lesiones, profirió insultos y amenazas de muerte directas contra los funcionarios policiales encargados de su custodia.

Debido a esto, el Ministerio Público sumó al cargo de violencia intrafamiliar (VIF) el delito de amenazas a la autoridad en ejercicio de sus funciones.

Un historial marcado por la violencia

Uno de los puntos que más pesó durante la audiencia fue el extenso extracto de filiación del detenido. La Fiscalía reveló que S.R.C.S. posee antecedentes penales desde finales de los años 80. Entre sus registros destaca:

• Homicidio frustrado: Una condena de 3 años y un día en 2011.

• Violencia Intrafamiliar: Causas previas por lesiones menos graves contra familiares.

• Sustancias: Registros por consumo de sustancias ilícitas.

Resolución del Tribunal

Ante la peligrosidad del sujeto y el riesgo para la integridad psíquica de la víctima, la magistrada Mónica Mansilla decretó medidas cautelares estrictas. El imputado quedó con arraigo nacional, la prohibición absoluta de acercarse a su madre o a su domicilio, y se le ordenó el abandono inmediato del inmueble.

Además, se le prohibió cualquier tipo de contacto confrontacional con los efectivos policiales involucrados. El tribunal fijó un plazo de 60 días para el cierre de la investigación, periodo en el que el imputado deberá buscar un nuevo lugar de residencia lejos de su progenitora.