El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación oficializó una de las decisiones más complejas de su actual gestión: la suspensión de la convocatoria 2026 para nuevas becas de magíster en el extranjero y un ajuste transitorio en los posdoctorados internacionales. La medida se enmarca en una propuesta de adecuación presupuestaria presentada a la Dirección de Presupuestos (Dipres) que busca reducir el gasto del sector en un 3%, proyectando una ejecución de $565 mil millones.
Desde la cartera enfatizaron que esta decisión es un ejercicio de "priorización responsable" que no afectará a quienes ya cuentan con el beneficio, ni tampoco a los programas de doctorado (tanto en Chile como en el extranjero), los cuales seguirán siendo el pilar central de la formación avanzada del país.
El argumento del Ministerio se sostiene en el crecimiento exponencial de la oferta académica en Chile. Desde la creación de Becas Chile en 2008, el país ha invertido más de 500 millones de dólares en postgrados en el exterior. Este esfuerzo permitió consolidar una red nacional que hoy cuenta con:
480 programas de doctorado (frente a los 217 de 2011).
2.100 programas de magíster (frente a los 1.133 de 2011).
"Existe una debilidad de diseño al financiar estudios en el exterior cuando hay oferta local equivalente disponible", señala el informe de la cartera, citando una evaluación de impacto de la Dipres (2024).
La suspensión para 2026 no es un fenómeno aislado, sino la formalización de una tendencia que el propio sistema venía mostrando. Los datos de adjudicación han caído drásticamente en los últimos años:
Magíster en el extranjero: Bajó de 178 seleccionados en 2022 a solo 100 en 2025.
Posdoctorado internacional: Cayó de 64 seleccionados en 2022 a 33 en 2025.
Respecto a los investigadores de posdoctorado, el Ministerio anunció que durante 2026 se evaluarán vías alternativas de internacionalización. Se potenciarán las cotutelas, redes de colaboración y estadías de investigación cortas, mientras se rediseña el instrumento para que sea más focalizado y alineado con las necesidades estratégicas de Chile.
Aunque la medida impacta las expectativas de cientos de profesionales, el Gobierno se comprometió a iniciar un proceso de rediseño durante este año para proyectar una política de formación que sea sostenible financieramente en el tiempo.