Una profunda crisis de confianza estalló en la zona sur-austral de Chile tras la difusión del reportaje “Chile, Noruega y el salmón: guerra bajo el agua”. La investigación reveló que la ONG Norwegian People’s Aid (NPA) habría transferido más de $500 millones a comunidades lafkenche para impulsar acciones legales y territoriales que han derivado en la paralización de proyectos salmoneros en el país.

Desde las principales asociaciones gremiales, la reacción fue inmediata y categórica, calificando el hecho como una posible interferencia en la competencia internacional entre los dos mayores productores de salmón del mundo: Chile y Noruega.

"Reglas claras y transparencia"

La presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, enfatizó que la competencia global es natural, pero debe regirse por la ética. “Nuestro trabajo es generar las condiciones para que Chile continúe siendo líder. La competencia debe darse bajo reglas claras”, sostuvo, haciendo un llamado a resguardar el rol estratégico de esta industria para la economía nacional.

Por su parte, el presidente de SalmonChile, Patricio Melero, fue más allá y puso en duda los "verdaderos propósitos" de quienes financian estas iniciativas locales. Para Melero, el foco debe estar en asegurar que Chile desarrolle su potencial productivo sin boicots financiados desde el exterior.

El impacto de la "Permisología" y la Ley Lafkenche

El debate también puso bajo la lupa el escenario regulatorio. Steven Rafferty, CEO de Cermaq, apuntó directamente a la burocracia chilena, asegurando que con mejores condiciones normativas el país podría incluso duplicar su producción.

A esta crítica se sumó el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, quien alertó sobre una "pandemia de la permisología". El edil señaló que el uso —y a veces abuso— de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) bajo la Ley Lafkenche, está frenando no solo a las salmoneras, sino a toda la actividad productiva y pública en el borde costero.

Reacciones políticas: Exigen transparencia

El tema escaló al Congreso, donde el diputado Mauro González calificó de "inaceptable" la intromisión extranjera para frenar el empleo en el sur. El parlamentario anunció que buscará avanzar en modificaciones legales que establezcan mayores exigencias de transparencia para las ONG que reciben recursos foráneos y evitar que la Ley Lafkenche sea utilizada como una herramienta de bloqueo industrial.