En una jornada clave para la agenda de seguridad del Palacio de La Moneda, el Congreso Nacional aprobó este miércoles la primera renovación del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia bajo la administración del presidente José Antonio Kast. La medida, que rige para las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco, contó con un robusto respaldo transversal, aunque marcado por exigencias de cambio en la ejecución.

En la Cámara de Diputados, la iniciativa obtuvo 122 votos a favor, mientras que en el Senado la ratificación fue casi unánime, con 40 votos a favor, apenas 1 en contra y 2 abstenciones. Con este resultado, el despliegue del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se mantendrá vigente por otros 30 días.

"La intensidad dependerá del territorio"

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, valoró el apoyo de los legisladores y subrayó que la implementación operativa recae en los jefes de la defensa nacional de cada región. “La intensidad con que se aplique el Estado de Excepción depende de la realidad de cada territorio”, aseveró el secretario de Estado, enfatizando la necesidad de una articulación efectiva entre las FF.AA. y las policías.

Exigencias de la derecha: "No más de lo mismo"

Pese al voto favorable, las bancadas que sustentan al Gobierno enviaron un mensaje directo al Ejecutivo: se requieren cambios profundos respecto a cómo se gestionó la medida durante los cuatro años del gobierno anterior.

El senador Miguel Becker fue categórico al señalar que La Araucanía votó por un cambio de paradigma. “Le hemos dicho al gobierno que tiene que comenzar a modificar cosas. No pueden ser los mismos Estados de Excepción que aprobamos durante el gobierno de Gabriel Boric”, afirmó.

En la misma línea, el senador Rodolfo Carter advirtió sobre la "normalización" de la presencia militar en la zona. “No es normal que un niño crea que las FF.AA. tengan que estar encapuchadas en la autopista. Le pedimos al nuevo gobierno que no haga más de lo mismo, que resuelva el problema”, subrayó.

De esta manera, la medida —que ya suma más de cuatro años de vigencia ininterrumpida— se extiende hasta fines de abril. El Congreso deberá volver a pronunciarse sobre una nueva prórroga antes del 24 de abril de 2026.