En una audiencia clave programada para este jueves, el derrocado expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, intentará convencer al juez federal Alvin Hellerstein de que el Gobierno de Estados Unidos está saboteando su derecho a una defensa justa. Maduro, quien enfrenta cargos por narcoterrorismo en Nueva York, solicita el sobreseimiento de la causa argumentando una interferencia indebida en el pago de sus abogados.

El conflicto legal escaló luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) revocara una licencia que permitía al Gobierno venezolano financiar la defensa de Maduro y su esposa, Cilia Flores. El abogado defensor, Barry Pollack, advirtió que se verá obligado a renunciar si no se autoriza el pago de sus honorarios, denunciando que esta medida viola garantías constitucionales básicas.

La respuesta de la Fiscalía: "Fondos Ilícitos"

Por su parte, los fiscales estadounidenses se oponen tajantemente a la solicitud. Según el Departamento de Justicia, la licencia inicial fue un "error administrativo" y sostienen que los acusados no pueden utilizar fondos de una entidad sancionada para cubrir gastos legales personales. “La OFAC prohíbe el uso de fondos ilícitos controlados por un Gobierno sancionado”, señalaron los fiscales, recordando que Maduro aún puede acceder a sus cuentas personales en Venezuela.

Un arresto extraordinario en Brooklyn Maduro y Flores permanecen bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn tras una sorpresiva operación militar nocturna en Caracas a principios de enero de 2026. Aunque la defensa alega que su captura fue un "secuestro ilegal" bajo el derecho internacional, expertos legales aseguran que los tribunales estadounidenses mantienen jurisdicción independientemente de cómo el acusado fue llevado ante el estrado.

Además, la defensa planea apelar a la inmunidad judicial por los actos cometidos durante su presidencia. No obstante, especialistas como William Dodge, profesor de derecho internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, señalan que, dado que el Gobierno de EE.UU. ya reconoce a Delcy Rodríguez como jefa de Estado y el narcotráfico no se considera un "delito oficial", la estrategia de inmunidad tiene pocas probabilidades de éxito.

De no prosperar las mociones de desestimación, el juez Hellerstein procederá a fijar un calendario para el que promete ser uno de los juicios por narcotráfico más mediáticos de la década.