El Juzgado de Garantía de Punta Arenas declaró legal la detención de una mujer que intentó vulnerar los protocolos de seguridad del complejo penitenciario local. El incidente ocurrió la tarde de ayer, cuando la ciudadana fue sorprendida portando un dispositivo tecnológico prohibido mientras se disponía a realizar una visita en el recinto.

De acuerdo con los antecedentes, el personal de Gendarmería de Chile detectó, durante las labores de revisión rutinaria, que la mujer ocultaba entre sus pertenencias un reloj inteligente de la marca Redmi. Este tipo de dispositivos electrónicos está estrictamente prohibido dentro de las unidades penales del país, debido a su capacidad de conectividad y potencial para establecer comunicaciones no autorizadas con el exterior.

Formalización y salida alternativa Durante la audiencia de control de detención, el Ministerio Público detalló que la captura se produjo en flagrancia cerca de las 14:55 horas. La fiscalía formalizó a la mujer por el delito de ingreso de elementos que permiten la comunicación a un establecimiento penal, una falta que ha motivado el refuerzo de la vigilancia en las cárceles de la región.

Pese a la infracción, la Fiscalía propuso una suspensión condicional del procedimiento por el término de un año. La medida, que fue aceptada por la defensa y la propia imputada, paraliza la causa penal bajo condiciones estrictas: la mujer deberá informar cualquier cambio de domicilio y realizar la renuncia total a los derechos sobre el artículo incautado para su eliminación definitiva.

Destrucción del dispositivo La magistrada a cargo ratificó el acuerdo entre las partes y ordenó de forma inmediata la destrucción del smartwatch color gris que originó la controversia. Si la imputada cumple con las obligaciones fijadas y no comete nuevos delitos durante los próximos doce meses, su responsabilidad penal quedará extinguida y el antecedente no figurará en su certificado de registros.

Este procedimiento ratifica la intensificación de las medidas de control en el recinto penal de Punta Arenas, buscando frenar el ingreso de tecnología que pueda comprometer la seguridad interna y el orden de la población penal.