En un acto encabezado por el Jefe de Estado y los ministros del comité político y económico —incluyendo a Jorge Quiroz (Hacienda), Ximena Rincón (Energía) y Louis de Grange (Transportes)— el Gobierno firmó el decreto promulgatorio de la Ley de Emergencia Energética. Tras una tramitación exprés en el Congreso, la iniciativa quedó lista para ser publicada en el Diario Oficial y comenzar su ejecución inmediata.
El Mandatario valoró el "sentido de urgencia" del Parlamento y destacó el rol de una oposición constructiva que permitió viabilizar medidas directas para la clase media y los sectores más vulnerables en un contexto de alta inflación energética.
Las claves de la nueva ley: La normativa despliega un abanico de herramientas financieras para mitigar el impacto de los precios internacionales en el bolsillo local:
Combustibles de calefacción: Se implementa un mecanismo especial para estabilizar el precio del kerosene (parafina), vital para los hogares en la temporada invernal.
Apoyo al Transporte: Creación de un bono directo para transportistas, que incluye a taxis colectivos y transporte escolar, sectores golpeados por el alza del diésel.
Tarifas Congeladas: Se ratifica el congelamiento de las tarifas del transporte público y el fortalecimiento de los subsidios regionales para evitar alzas en zonas extremas.
Alivio para Pymes: Se incorporan ajustes transitorios al Impuesto Específico a los Combustibles, diseñados para no afectar la operatividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Fondo de Estabilización: Inyección de recursos para capitalizar el FEPP (Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo).
Compromiso con la Clase Media Durante su intervención, el Presidente enfatizó que esta ley no es el punto final de la agenda social del Ejecutivo. "Vamos a actuar con los recursos que tenemos y con la urgencia que la situación merece. No queremos dejar solo a nadie", afirmó, asegurando que se seguirán explorando vías para proteger la economía familiar sin arriesgar la sostenibilidad de las arcas fiscales.
Además, la ley contempla un impulso a la electromovilidad mediante líneas de financiamiento preferenciales, buscando acelerar la transición energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles a largo plazo.