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Poduje dice que caso del Club Hípico forma parte de un grupo de “proyectos faraónicos”
El titular de Vivienda endureció el tono contra la herencia de la administración Boric, calificando el proyecto de $22 mil millones como inviable. Aseguró que el 97% del presupuesto del Minvu ya estaba comprometido al asumir, obligando a priorizar reparaciones habitacionales por sobre grandes expropiaciones.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, ratificó el fin del ambicioso plan para expropiar el Club Hípico de Punta Arenas, una de las iniciativas emblemáticas del gobierno anterior en Magallanes. Para el secretario de Estado, el costo de la operación —cercano a los $22 mil millones— representa una lógica de inversión "desconectada" de las urgencias actuales.
"Son proyectos que no se justifican, muy caros o demasiado complejos", sentenció Poduje, tildando de "faraónicas" las obras impulsadas por el expresidente Gabriel Boric en su zona natal. Según el ministro, al recibir la cartera se encontraron con una "camisa de fuerza" financiera: el 97% de los recursos anuales ya estaban amarrados a obligaciones previas, dejando nulo margen de maniobra sin realizar recortes profundos.
Prioridad Social vs. Proyectos Patrimoniales
El ministro vinculó directamente esta decisión con las directrices de austeridad emanadas desde la cartera de Hacienda, dirigida por Jorge Quiroz. Los recursos que se liberan con la cancelación del proyecto en Punta Arenas serán redirigidos a:
Reconstrucción: Especialmente en la Región del Biobío.
Déficit Habitacional: Programas de vivienda social y mejoramiento de infraestructura básica.
Reparaciones: Soluciones concretas para familias que ya tienen su vivienda pero en condiciones precarias.
"Con esa plata podemos reparar viviendas o mejorar infraestructura básica. No es una cuestión ideológica, es criterio de prioridad social", enfatizó el secretario de Estado.
El "No" a Colonia Dignidad
En la misma línea de austeridad y legalidad, Poduje confirmó que también se revertirá la expropiación de Colonia Dignidad. En este caso, el argumento es doble:
Falta de facultades: El ministro aseguró que el Minvu no posee las atribuciones legales para realizar dicha expropiación, algo que —según él— ya se le había advertido al gobierno anterior desde el Serviu.
Déficit de caja: "Incluso si tuviéramos las facultades, hoy no tenemos la plata", remató.
Con este reordenamiento del gasto público, el Gobierno envía una señal clara de que las grandes compras de terrenos quedarán en pausa para privilegiar la construcción directa y la emergencia habitacional.