En medio de un momento marcado por excelentes relaciones entre Chile y Argentina, el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, abordó la controversia generada por el decreto argentino que alude a una eventual administración compartida del Estrecho de Magallanes, reiterando la posición chilena y llamando a resolver el tema con prontitud.

Durante una entrevista en Radio Duna, el secretario de Estado se refirió al Decreto 457/2021, emitido durante el gobierno de Alberto Fernández, que planteaba una interpretación sobre la boca oriental del Estrecho de Magallanes y el Pasaje de Drake que, desde la perspectiva chilena, contraviene los tratados internacionales vigentes.

Barros fue enfático en señalar que la base jurídica que respalda a Chile es sólida. “Los tratados que tenemos son clarísimos”, afirmó, en alusión al Tratado de Límites de 1881 y al Tratado de Paz y Amistad de 1984, que establecen la soberanía plena de Chile sobre el Estrecho.

Buena relación bilateral 

Pese a la controversia, el ministro destacó el buen estado de las relaciones entre ambos países, subrayando que la cooperación en materia de defensa se mantiene activa y fluida.

“Tenemos muy buenas relaciones con Argentina. Estamos trabajando con comisiones conjuntas en ejercicios, en acciones de rescate, tenemos instrucciones comunes. Nuestra gente va, ellos vienen”, sostuvo.

No obstante, reconoció que existen materias pendientes que se sitúan más en el ámbito político que en el militar, y que requieren ser abordadas para evitar roces innecesarios.

Uno de los puntos sensibles es la referencia que hace la política de defensa argentina a la boca oriental del Estrecho como un espacio compartido. Frente a ello, Barros reiteró que la delimitación está claramente establecida.

“Las autoridades técnicas dejan en claro que la línea trazada en la boca oriental es el límite oficial, y desde allí hacia el oriente ya no es el Estrecho de Magallanes, sino el Atlántico”, explicó.

En ese sentido, transmitió tranquilidad respecto a la posición chilena en el marco del derecho internacional, señalando que no existe ambigüedad en los acuerdos suscritos entre ambos países.

Decreto aún vigente genera cautela

Consultado sobre si el actual gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, ha cumplido su compromiso de dejar sin efecto la norma, el ministro precisó que el documento sigue formalmente vigente, aunque su naturaleza corresponde más a una directriz presidencial que a un decreto en sentido estricto.

“Es importante que se resuelva a la brevedad, porque de allí surgen peticiones y empiezan las asperezas, donde uno finalmente no quiere llegar”, advirtió.

Sin embargo, Barros enfatizó que, pese a esta situación, no se configura un precedente negativo. “Desde el punto de vista del derecho internacional y de la posición oficial de los países, estamos tranquilos”, sostuvo.

Un tema en desarrollo

El origen del diferendo se remonta a marzo de 2025, cuando Argentina informó a Chile que trabajaba en una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional que reemplazaría el decreto cuestionado, reconociendo errores en su interpretación de los tratados.

Hasta ahora, dicha actualización no ha sido promulgada, lo que mantiene el tema en un estado de latencia diplomática.

Pese a ello, la controversia no ha afectado la cooperación entre las Fuerzas Armadas de ambos países, que continúan desarrollando ejercicios conjuntos y fortaleciendo mecanismos de confianza mutua.

En ese contexto, el desafío para ambas naciones será cerrar este capítulo en el plano político, sin alterar una relación bilateral que, en términos generales, sigue siendo sólida y estratégica en el extremo sur del continente.