Tras una sesión marcada por la división política, el Parlamento israelí aprobó este lunes el texto legal que reinstaura la pena de muerte mediante la horca. La reforma establece una distinción clara en su aplicación según la jurisdicción:
Tribunales Militares (Cisjordania): Estarán obligados a imponer la pena capital a los palestinos hallados culpables de asesinato terrorista, salvo excepciones aún no definidas.
Tribunales Ordinarios (Ciudadanos israelíes): Mantendrán la facultad de optar por la cadena perpetua en lugar de la ejecución, bajo condiciones más estrictas para imponer la muerte.
La ley estipula que la ejecución debe cumplirse en un plazo de 90 días tras la sentencia (prorrogable a 180) y define el delito como aquel acto que busque "causar daño a un ciudadano o residente israelí con la intención de acabar con la existencia del Estado de Israel".
El ministro de Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, principal promotor de la iniciativa, intentó celebrar el resultado descorchando una botella de champán en pleno recinto, acto que fue impedido por un ujier de la Knéset.
Sin embargo, el clima de victoria se disipó rápidamente: pocos minutos después de la votación, se detectó un lanzamiento de misiles desde Irán con dirección a la región de Tel Aviv, elevando la alerta de seguridad en todo el país al máximo nivel.
La oposición, liderada por el partido Yesh Atid (Hay Futuro), no escatimó en críticas durante el debate. El diputado Matti Sarfatti tildó la ley de “populista, inmoral e inconstitucional”, advirtiendo que rompe con los principios de igualdad ante la ley.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que la reforma crea un sistema de "apartheid jurídico", ya que en la práctica la obligatoriedad de la pena de muerte recaerá casi exclusivamente sobre los palestinos de los territorios ocupados, mientras que los ciudadanos judíos israelíes que cometan actos similares podrían eludir el cadalso bajo la figura de "circunstancias especiales".