El Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°21 de la Contraloría General de la República cayó como una bomba en la administración del Estado. Tras analizar 1,4 millones de licencias entre 2023 y 2024, el organismo fiscalizador detectó que 6.311 funcionarios vulneraron la esencia del beneficio: la incapacidad temporal para trabajar.
El desglose de la infracción:
2.538 funcionarios recibieron remuneraciones de otras instituciones privadas o públicas.
3.611 funcionarios emitieron boletas de honorarios al SII durante su supuesto reposo.
162 personas incurrieron en ambas faltas simultáneamente.
El informe no solo revela trabajos formales, sino también actividades informales y de ocio que contravienen cualquier indicación médica de reposo.
Aplicaciones digitales: 150 funcionarios generaron ingresos como conductores o repartidores en Uber, Cabify o Rappi mientras estaban "enfermos".
Viajes y Juego: El cruce de datos detectó a 862 personas que salieron del país durante su licencia y a 427 que fueron sorprendidas apostando en casinos de juego.
Insolencia administrativa: 138 funcionarios acumulan todas las faltas anteriores, demostrando un patrón sistemático de abuso al sistema.
"Se trata de personas que no podían trabajar en el sector público, pero sí en el privado", fustigó la contralora Dorothy Pérez, subrayando que incluso el teletrabajo está prohibido bajo licencia médica.
El 46% de los casos se concentra en el mundo municipal, pero las instituciones de educación parvularia y salud lideran el ranking de licencias sospechosas:
Ante la contundencia de las pruebas, la Contraloría no se limitará a los sumarios internos. Los antecedentes ya fueron derivados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para perseguir posibles delitos de fraude al fisco. Además, se notificó a la Compin y la Suseso para gestionar el rechazo de las licencias y la devolución de los dineros pagados indebidamente.