Lo que debía ser un proceso administrativo regular se transformó en una jornada de "profunda molestia" para los docentes de Magallanes. El Colegio de Profesoras y Profesores, a través de su presidenta regional Alicia Aguilante Vargas, confirmó que han recibido una gran cantidad de denuncias desde las distintas comunas de la zona austral, evidenciando fallas sistémicas en la liquidación de sueldos del último periodo.

Las principales irregularidades detectadas son:

• Horas impagas: Liquidaciones que no reconocen la totalidad de la carga horaria cumplida.

• Bonos omitidos: Descuentos o falta de pago en asignaciones especiales.

• Bienios y antigüedad: Errores en el cálculo de la carrera docente y beneficios adquiridos.

"Silencio administrativo" y falta de respeto

Para el gremio, el problema no es solo el error en el depósito, sino la falta de comunicación oficial por parte de la dirección del SLEP Magallanes. Según la declaración pública, a diferencia de crisis anteriores donde hubo explicaciones inmediatas, en esta ocasión impera el hermetismo.

“Esta situación refleja una deficiente gestión administrativa y una falta de respeto hacia quienes sostienen la educación pública en la región”, sentenció la directiva gremial, calificando el escenario como "inaceptable". 

Exigencias inmediatas

Ante el perjuicio económico que afecta a cientos de familias docentes, el Colegio de Profesores estableció tres puntos innegociables para deponer el estado de alerta:

1. Pronunciamiento oficial: Exigen que el SLEP explique de cara a la comunidad las causas de estos errores.

2. Regularización urgente: Pago inmediato de los montos adeudados mediante planillas suplementarias.

3. Garantías de futuro: Implementar medidas técnicas que eviten que estos "errores de sistema" se repitan mes a mes. 

Un sistema bajo la lupa

Este nuevo traspié administrativo pone nuevamente en duda la capacidad operativa del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) en la zona, en un contexto donde la confianza de las comunidades educativas se encuentra sumamente frágil. Los docentes insisten en que no pueden ser ellos quienes paguen el costo de una transición administrativa que, a la luz de los hechos, sigue presentando grietas profundas.