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La CPC lanza ofensiva nacional contra el comercio ilegal y el contrabando
Bajo el lema “Por un Chile sin economías ilícitas”, el máximo gremio empresarial del país presentó un diagnóstico alarmante: el mercado negro ya mueve cerca de US$8.000 millones anuales, equivalente al 2% del PIB. El plan busca desarticular las fuentes de financiamiento del crimen organizado y recuperar la inversión formal de cara a junio de 2026.
La CPC, junto a sus seis ramas productivas y 28 organizaciones, advirtió que el comercio ilegal dejó de ser un problema de "vendedores ambulantes" para convertirse en un sistema complejo y transnacional. Según el informe, estas actividades ilícitas generan una competencia desleal que erosiona la institucionalidad y provoca una fuga masiva de recaudación fiscal.
Los 6 ejes de la estrategia público-privada:
Comercio ilícito y contrabando: Freno al ingreso de mercancía falsificada o sin declarar.
Finanzas ilícitas: Control del lavado de activos y flujo de dinero negro.
Ilícitos en materias primas: Combate al robo y receptación de insumos básicos.
Ilícitos en minería: Fiscalización del origen y comercialización de minerales.
Robos: Enfrentar el asalto a camiones y centros de distribución.
Fortalecimiento del Estado: Coordinación con Aduanas, SII y el Ministerio Público.
La amenaza silenciosa en Magallanes
Aunque el fenómeno suele concentrarse en los grandes centros urbanos del norte y centro del país, la Región de Magallanes presenta vulnerabilidades críticas que la CPC mantiene bajo la lupa.
Nuestra condición geográfica, con miles de kilómetros de frontera con Argentina y una vasta conectividad marítima, facilita rutas de contrabando hormiga y el ingreso de productos (como cigarrillos, alcohol y textiles) que eluden los controles de Aduanas. Esta informalidad golpea directamente al comercio establecido en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, que debe competir con precios que no pagan impuestos ni cumplen con normativas sanitarias.
Hacia un documento de Estado
La CPC ya inició rondas de reuniones con el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos (SII). El objetivo es entregar en junio de 2026 un documento con propuestas legislativas y operativas concretas para que el Estado pueda recuperar el control de los mercados.
“No es solo un tema de dinero, es un tema de seguridad nacional. El crimen organizado se financia con este comercio ilegal”, plantearon desde el sector empresarial.