El Diario Oficial oficializó la promulgación de la ley de convivencia escolar, iniciativa impulsada por el Colegio de Profesores tras las muertes de los docentes Katherine Yoma en marzo de 2024 y Albano Muñoz en junio del mismo año. En ambos casos, los profesionales decidieron poner fin a sus vidas tras ser víctimas de agobio laboral, agresiones y amenazas por parte de personas de su entorno laboral.

La nueva normativa establece la obligatoriedad de que los colegios cuenten con un coordinador de Convivencia educativa con dedicación exclusiva y perfil profesional adecuado.

El presidente nacional del gremio docente, Mario Aguilar señaló que “esta ley entrega herramientas que no estaban en la legislación como, por ejemplo, el artículo Octavo Bis del Estatuto Docente será más robusto con las exigencias de protección a las condiciones de seguridad para las y los profesores y otros miembros de la comunidad escolar”.

La aprobación de esta nueva normativa que busca dar seguridad a todo el contexto escolar, se da tras un despiadado ataque con arma blanca de un joven que dejó a la inspectora María Victoria Reyes fallecida en Calama. También hubo tres estudiantes afectados, uno de ellos, se mantiene en estado de gravedad en el Hospital Regional de Calama.

Desde el gremio docente se insistió que los problemas de violencia se tienen que abordar con atención en la salud mental, con mejores y completos equipos profesionales de apoyo al desarrollo socioemocional.

En ese sentido, Aguilar agregó que  “alertamos que esta ley demuestra la necesidad de más recursos en Educación y no menos como se está anunciando. Nosotros vamos a seguir levantando la voz. Sobre todo a partir de la claridad y evidencia del grave problema que tenemos en convivencia escolar y para detenerla, Educación necesita más recursos, no menos”.

Perspectiva del Gobierno
Desde el Ejecutivo aseguraron que comenzarán a trabajar en una normativa que facilite a los colegios adoptar medidas de seguridad, una de las más abordada durante los últimos días ha sido la eventual instalación de pórticos detectores de metales, pero para esto debe existir acuerdo en la comunidad educativa.

Asimismo, insistieron que esto no será obligatorio y quedaría en libre albedrío de cada recinto educativo.