Un duro golpe a la gestión del Gobierno Regional (GORE) de Magallanes propinó la Contraloría General de la República. A través del Dictamen N.º D168/2026, el ente fiscalizador confirmó la existencia de múltiples irregularidades en la millonaria adquisición de un inmueble destinado a ser una residencia para el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez).

El informe, firmado por la contralora nacional Dorothy Pérez, es categórico al señalar que el proceso no se ajustó a la normativa vigente, evidenciando un incumplimiento de los principios de probidad administrativa y serias deficiencias en el resguardo de los recursos públicos.

Las claves del dictamen

La investigación de Contraloría detectó cuatro puntos críticos que invalidan la forma en que se ejecutó la compra:

1. Evasión de Licitación: No se realizó el concurso público exigido por ley ni existió una resolución fundada para el uso del trato directo, el cual es una medida excepcional.

2. Inconsistencia en Precios: Se detectaron anomalías en las tasaciones comerciales y la ausencia de estudios técnico-económicos que respaldaran el valor pagado.

3. Conflicto de Interés: El inmueble seleccionado pertenecía a un juez tributario de la región, sin que se justificara técnica o económicamente por qué esa propiedad era la única apta.

4. Falta de Rigor: Deficiencias graves en el proceso de selección de la vivienda.

Acciones legales y administrativas

La denuncia original fue impulsada por el diputado Alejandro Riquelme, con el apoyo del senador Alejandro Kusanovic, el exdiputado Christian Matheson y consejeros regionales. Tras confirmarse los hechos, Riquelme señaló que "las irregularidades han quedado acreditadas" y que ahora corresponde buscar responsabilidades penales.

Debido a la gravedad de los hallazgos, la Contraloría determinó:

• Instruir sumarios directos desde el nivel central contra el GORE Magallanes y el Servicio de Protección Especializada.

• Remitir los antecedentes al Ministerio Público, donde el caso ya es indagado para esclarecer posibles delitos asociados a la operación.