La Contraloría General de la República ha definido su nueva hoja de ruta para este 2026, y el foco está puesto en la probidad de la protección social. Durante el conversatorio “Probidad y Eficiencia del Estado”, organizado por la Universidad de los Andes, la contralora general, Dorothy Pérez, confirmó que el organismo inició una revisión exhaustiva de la entrega de beneficios sociales, como el subsidio de arriendo, para detectar posibles abusos y asignaciones irregulares.

Esta medida surge como una continuación de las fiscalizaciones que el año pasado destaparon el uso fraudulento de licencias médicas, trasladando ahora la vigilancia hacia los recursos que el Estado destina a los sectores más vulnerables.

Los tres pilares del Plan Fiscalizador 2026

Según detalló la autoridad, el plan de auditoría para este año se concentrará en tres áreas críticas donde se manejan grandes volúmenes de fondos fiscales:

1. Infancia: Revisión de programas y residencias.

2. Migraciones: Control de procesos y recursos asociados.

3. Beneficios Sociales: Detección de personas que perciben ayudas (como bonos o subsidios habitacionales) sin cumplir con los requisitos que dicta la ley.

“Es imposible que siempre haya fondos para cubrir todas las necesidades. Lo que hay que hacer es optimizar y corregir los abusos para que esos recursos sean destinados a los lugares donde se necesitan más”, explicó Pérez.

Impacto en la asignación de recursos

La contralora enfatizó que la correcta asignación de estos dineros es vital para la salud de las arcas fiscales. El objetivo no es eliminar los beneficios, sino garantizar que lleguen a quienes realmente califican según su realidad socioeconómica, eliminando las filtraciones por datos falsos o falta de actualización de antecedentes.

Actualmente, múltiples programas ya están bajo la lupa de los equipos de auditoría para verificar que los beneficiarios cumplan estrictamente con la normativa vigente.