El Océano Austral guarda secretos que la ciencia lleva décadas intentando descifrar. Bajo sus aguas heladas, a temperaturas que rondan los dos grados bajo cero, el Euphausia superba -conocido popularmente como krill antártico- forma cardúmenes tan densos que pueden teñir el mar de rojo. Es el eslabón que conecta el fitoplancton microscópico con las ballenas jorobadas, los pingüinos de barbijo y las focas leopardo. Sin él, la cadena trófica del continente blanco colapsa. Por eso, cuando alguien habla de explotarlo comercialmente, la conversación nunca es sencilla.

Pero tampoco lo es cuando alguien decide que la única respuesta posible es la prohibición total.

El guardián del sur

La Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos -CCAMLR, por sus siglas en inglés- nació en 1982 con una premisa que todavía resulta revolucionaria: la pesca en la Antártida no se gestiona especie por especie, sino considerando todo el ecosistema. No se pregunta cuánto krill se puede extraer sin que se agote; se pregunta cuánto krill se puede extraer sin que se afecten las ballenas, los pingüinos y las focas que dependen de él. Es un principio de precaución ecosistémica que pocas convenciones pesqueras en el mundo pueden presumir de aplicar con tanta rigurosidad.

Con sede en Hobart, Australia, y con 26 estados miembro -incluyendo a Chile, Argentina, la Unión Europea, Noruega, China y Rusia-, CCAMLR opera mediante consenso científico. Sus comités técnicos analizan año tras año los datos de biomasa, las tasas de reproducción del krill, los ciclos de hielo marino y los patrones migratorios de las especies dependientes. Con esa información, fijan cuotas de captura conservadoras: hoy, la captura anual permitida de krill ronda los 5,6 millones de toneladas métricas en el área de la Convención, aunque la extracción real históricamente ha estado muy por debajo de ese límite.

En 2022, la captura total no superó las 450.000 toneladas. La diferencia entre lo que se permite y lo que se toma no es negligencia regulatoria: es el margen que la ciencia exige para proteger al ecosistema frente a la incertidumbre.

Una industria que acepta las reglas

La pesca de krill comercial no es una actividad nueva ni clandestina. Comenzó en los años setenta, impulsada principalmente por la Unión Soviética, y hoy la lideran empresas noruegas como Aker BioMarine, seguidas por flotas chinas, sudcoreanas y ucranianas. El krill se procesa para obtener aceite rico en ácidos grasos omega-3, harina proteica para acuicultura y suplementos farmacéuticos. Es una industria de nicho, pero de alto valor.

Lo que distingue a los operadores modernos es que trabajan dentro del marco de CCAMLR, no al margen de él. Las flotas llevan observadores científicos a bordo, reportan capturas en tiempo real, se someten a sistemas de monitoreo satelital y participan activamente en los grupos de trabajo científico de la convención. Algunas empresas, como la propia Aker BioMarine, han ido más lejos, adoptando tecnologías de pesca continua -en lugar de redes de arrastre tradicionales- que reducen la captura incidental de otras especies. No es filantropía: es el precio de operar en un régimen regulatorio que funciona porque todos tienen algo que ganar en su credibilidad.

La ciencia que sustenta las cuotas se construye con datos reales, campañas de muestreo en el campo y modelos de dinámica poblacional que se actualizan permanentemente. El Programa de Encuestas de Ecosistemas Marinos Antárticos (AMLR) de la NOAA, el Programa Antártico Británico y el Instituto Antártico Chileno, entre otros, contribuyen a ese cuerpo de evidencia. No se trata de afirmar que la pesca de krill no tiene impacto; se trata de medir ese impacto con rigor y ajustar las reglas en consecuencia.

La guerra declarada

Y entonces aparece la otra historia. Greenpeace, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y una constelación de organizaciones ambientalistas más pequeñas llevan años presionando por la creación de Áreas Marinas Protegidas (AMPs) que abarquen vastas extensiones del Océano Austral, incluyendo las zonas donde opera la industria del krill. La idea de las AMPs no es mala en sí misma: en otras partes del mundo han demostrado ser herramientas eficaces de conservación. El problema comienza cuando la agenda política desplaza a la agenda científica.

En las reuniones anuales de la Comisión de CCAMLR -el órgano decisorio donde se negocian las áreas protegidas- la intervención de lobbies ambientalistas ha generado una dinámica perversa.

Grupos como Greenpeace han lanzado campañas mediáticas acusando a países pesqueros de destruir la Antártica, distribuyendo imágenes dramáticas y cifras descontextualizadas que erosionan la confianza entre los estados miembro. Rusia y China, irritados por lo que perciben como presión política disfrazada de argumento ambiental, han bloqueado sistemáticamente propuestas de AMPs que contaban con respaldo científico sólido. El resultado es una parálisis institucional que no beneficia a nadie: ni a la conservación ni a la pesca regulada.

La ironía es profunda. Las organizaciones que dicen querer proteger el Océano Austral han contribuido a crear un ambiente de desconfianza que hace casi imposible alcanzar los acuerdos multilaterales que la conservación requiere. CCAMLR funciona por consenso; sin consenso, no hay protección. Y el consenso se construye con diplomacia, con datos compartidos y con respeto por los procesos científicos, no con campañas de presión que tratan a los países pesqueros como villanos y al conocimiento técnico como un obstáculo.

Lo que está en juego

El krill antártico no necesita ser salvado de la ciencia. Necesita ser gestionado con ella. La distinción importa porque define quién toma las decisiones y sobre qué base. Cuando el activismo reemplaza al dato, cuando la imagen del pingüino reemplaza al modelo de biomasa, lo que se pierde no es solo rigor técnico: se pierde la posibilidad de construir los acuerdos de largo plazo que la Antártida realmente necesita.

Desde Punta Arenas, la puerta de entrada al continente blanco, esta disputa no es abstracta. Chile es estado miembro de CCAMLR, tiene intereses pesqueros en el Océano Austral y alberga programas científicos antárticos de primera línea. Sabe mejor que nadie que el equilibrio entre uso y conservación no se logra con consignas, sino con datos, paciencia diplomática y la disposición a sentarse en la misma mesa con quienes piensan diferente.

El krill seguirá tiñendo de rojo las aguas del sur. La pregunta es si quienes dicen querer protegerlo estarán dispuestos a confiar en la ciencia que hace posible esa protección.