Un grave escándalo sacude al sistema judicial de Punta Arenas. Una trabajadora social externa que prestaba servicios para la Defensoría Penal Pública fue formalizada por los delitos de cohecho agravado reiterado e ingreso ilícito de elementos tecnológicos a recintos penitenciarios.

La imputada fue detenida in fraganti por personal de Gendarmería en el Complejo Penitenciario de la ciudad. Al fiscalizarla, los funcionarios descubrieron dos teléfonos celulares y un cargador adheridos con cinta al cuaderno con el que ingresaba a entrevistar a los reclusos.

Pagos e investigación por cohecho

La Fiscalía presentó peritajes de transferencias bancarias y mensajes de WhatsApp que delataron un acuerdo económico con el interno José Navia Riquelme. Las pruebas determinaron que el entorno del recluso depositó al menos $400.000 en la cuenta del cónyuge de la asistente social a cambio de ingresar los equipos de forma periódica.

La fiscal jefa de Punta Arenas, Johanna Irribarra, defendió la acusación por cohecho: "Las labores que cumple esta asistente social efectivamente son labores de función pública (...) se le formalizó por ingresar estos celulares a la cárcel con la agravante de ser una funcionaria pública".

La postura de la defensa

Por su parte, el defensor penal público, Ramón Bórquez, rechazó la prisión preventiva y apelará la resolución al considerar que su representada no posee calidad de empleada pública por ser una trabajadora externa licitada: "Impugnamos la circunstancia de que fuera considerada para efectos penales como funcionaria pública".

El tribunal otorgó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación. De ser declarada culpable en el juicio oral, la profesional arriesga penas de cárcel que van desde los 5 hasta los 10 años de presidio efectivo.

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