Una violenta situación afectó a una menor de 12 años en el sector sur de Punta Arenas, específicamente en la intersección de las calles Mar Rojo y Mar Adriático, dentro del sector Loteo del Mar. Tres adolescentes provistos de un arma blanca y una pistola de aire comprimido, atacaron a la víctima para robarle sus pertenencias, lo que derivó en un rápido operativo de Carabineros.
El procedimiento se activó tras la denuncia de un testigo presencial que presenció la agresión y alertó de inmediato a la Central de Comunicaciones de la institución.
Gracias a la descripción de las vestimentas de los agresores, personal de la Sección Centauro de Carabineros interceptó al grupo a pocas cuadras del lugar del asalto. Al momento de ser fiscalizados, los uniformados sorprendieron a los menores portando un arma blanca y una pistola de aire comprimido, elementos utilizados para intimidar a la víctima y sustraerle sus zapatillas y su teléfono celular.
Durante la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, la fiscal Wendoline Acuña imputó formalmente al grupo por el delito consumado de robo con violencia e intimidación.
Aunque la defensa de los menores intentó catalogar el hecho como una riña motivada por rencillas anteriores entre conocidos, el tribunal desestimó dicha postura. La magistrada determinó que la violencia física ejercida contra la menor de edad estuvo directamente vinculada con la sustracción de sus especies, validando la calificación penal presentada por el Ministerio Público.
Tras evaluar los antecedentes y bajo el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, el tribunal aplicó medidas cautelares diferenciadas:
Dos imputadoas (un joven de 15 y una adolescente de 17 años): Al no contar con antecedentes penales, quedaron bajo las medidas de arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y sujeción a la vigilancia de la Corporación Opción.
El tercer imputado (de 15 años): Debido a que registraba múltiples detenciones pendientes y se encontraba cumpliendo activamente dos condenas unificadas por delitos similares, el tribunal decretó su internación provisoria en el centro cerrado de la comuna.
El Juzgado de Garantía fijó un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación antes del juicio definitivo.
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