Un violento asalto en la Feria de la Lorca de Punta Arenas encendió las alarmas sobre la seguridad y el manejo de la salud mental en el sistema judicial. El imputado, identificado como Luis Guenchur Guenchur, amedrentó con un cuchillo, atacó con una botella e hirió en el rostro a un comerciante para robarle, siendo retenido por los propios testigos del sector.
Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía imputó cargos por robo con violencia consumado. El fiscal Fernando Dobson detalló la agresividad del atraco: "Efectivamente es un hecho bastante violento que ocurre el día de ayer en que se reporta un robo con violencia, en que una persona en una feria fue agredido por el imputado con arma blanca y con además un elemento cortante". El persecutor solicitó originalmente la prisión preventiva, advirtiendo que el sujeto ya registra una condena previa por el mismo delito.
El caso dio un giro cuando la defensora Krishna Santibáñez invocó el artículo 458 del Código Procesal Penal para paralizar el juicio común. Apoyada en informes del Servicio Médico Legal, Santibáñez demostró que su representado padece un severo deterioro cognitivo y episodios psicóticos recurrentes.
La abogada fundamentó que el detenido no cuenta con el discernimiento para comprender un proceso criminal, señalando que es "una persona que no sabe lo que hace, no sabe que su actuar tiene como resultado un resultado lesivo para esta persona y obviamente la comisión de un ilícito".
Finalmente, el juez de garantía acogió la sospecha de inimputabilidad y suspendió la causa a la espera de un nuevo peritaje psiquiátrico oficial. Sin embargo, debido a su historial delictivo y al peligro que representa para la comunidad, el magistrado rechazó dejarlo libre y ordenó su ingreso inmediato y provisional a la unidad psiquiátrica del Hospital Clínico de Magallanes.