Los máximos líderes de las fuerzas de orden y seguridad del país alinearon posiciones y entregaron un explícito respaldo político y técnico a la ambiciosa agenda de seguridad pública detallada por el Presidente José Antonio Kast.

Tras concluir los ritos republicanos de la Cuenta Pública, el Mandatario se trasladó hasta el Palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar, donde encabezó una ceremonia privada para estampar su firma en los primeros decretos y proyectos de ley que ingresarán al Congreso Nacional. El paquete de medidas apunta a contener la crisis delictual mediante la creación del Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, el endurecimiento de la flagrancia y la puesta en marcha del Plan de Retorno Voluntario para extranjeros en situación irregular.

Carabineros y PDI cierran filas ante el desafío operativo

El despliegue de las nuevas herramientas legales requerirá una fuerte inyección de capacidades por parte de las policías, cuyos directores generales se declararon preparados para asumir la nueva parametrización del control público.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, salió al paso de las dudas sobre la aplicabilidad de los proyectos y calificó la estrategia del Ejecutivo como “absolutamente viable”:

“Cuando uno quiere vivir en paz, en tranquilidad, también quiere desplazarse en un ambiente que sea grato. Yo creo que todos tenemos que ver y aspirar a lo que es realmente el bien común, y para eso también tenemos que poner esfuerzos no solamente Carabineros y la Policía de Investigaciones en esto”, apeló el general Araya, convocando a un compromiso transversal del sistema judicial.

En una línea de total sintonía institucional, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, enfatizó el orgullo y la preparación técnica de sus filas para asimilar los cambios normativos: “Toda norma es viable. Si está la norma, van a estar la forma, la parametrización y los mecanismos para poder aplicarla. Conozco las capacidades de todos mis detectives y agentes policiales, así que para cualquier desafío estamos capacitados”, aseveró.

El debate por el retiro de beneficios sociales a vándalos

A pocas horas de que los textos ingresen a tramitación en las comisiones del Parlamento, el denominado Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades ya encendió un álgido debate político debido a la severidad de sus sanciones administrativas accesorias.

El proyecto de ley del Gobierno propone que aquellas personas que sean identificadas, procesadas o condenadas por la destrucción de mobiliario urbano, quema de buses del transporte público o actos de vandalismo generalizado, perderán automáticamente el acceso a beneficios sociales financiados por el Estado, tales como la gratuidad universitaria y la Pensión Universal de Garantizado (PGU).

Por el ala migratoria, la firma del Mandatario oficializó las bases regulatorias del "Plan de Retorno", un diseño de salida voluntaria asistida que busca agilizar los procesos de expulsión vigentes y facilitar el puente diplomático para que extranjeros indocumentados abandonen el territorio nacional antes de enfrentar los nuevos criterios de flagrancia policial de 24 horas.