Una dura e inapelable radiografía a la fragilidad de la infraestructura conectiva del país expuso el más reciente informe del ente fiscalizador. A raíz de una exhaustiva auditoría penal y técnica ejecutada a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Contraloría General de la República evidenció serias deficiencias estructurales en la gestión, mantenimiento, catastro y control de los puentes que componen la red vial pública de Chile.
El dictamen definitivo, elaborado por el Departamento de Control Externo de la División de Infraestructura y Regulación de Contraloría, abarcó los procesos ejecutados entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2025. El documento expone debilidades críticas en los procesos de inspección y conservación, determinando de forma alarmante que más del 85% de los puentes del país no cumple con los plazos de inspección obligatorios establecidos por los propios manuales del MOP, identificándose incluso viaductos que no han recibido una sola revisión técnica desde el año 2016.
La investigación de Contraloría no solo arrojó fallas burocráticas, sino que dio cuenta de la existencia de múltiples puentes en diversas regiones que presentan daños y fallas estructurales relevantes que no han sido reparadas en años, poniendo en riesgo inminente la conectividad y la vida de los usuarios.
El informe destaca de forma prioritaria un caso crítico de negligencia en la zona central:
El caso de Lolol: En la comuna de Lolol, Región de O’Higgins, existe un puente que —pese a contar con un informe técnico de ingeniería formalmente desfavorable y restrictivo— lleva más de cuatro años consecutivos sin recibir ningún tipo de intervención, reparación o refuerzo, ignorando la gravedad de su diagnóstico físico.
Asimismo, la auditoría detectó una preocupante cantidad de puentes que derechamente carecen de toda evaluación estructural registrada. La ausencia total de esta data basal impide determinar el estado real de deterioro de las vigas, cepas y carpetas de rodado, dificultando la priorización de las inversiones públicas y retrasando el levantamiento de obras de emergencia antes de que se produzcan colapsos materiales.
A las deficiencias físicas en terreno se suma un profundo desorden en los sistemas de gestión interna de la Dirección de Vialidad. La Contraloría detectó severas inconsistencias en las plataformas informáticas del MOP, las cuales presentan diferencias kilométricas en sus registros de inventario.
El cruce de datos arrojó:
Datos duplicados e incompletos: Estructuras registradas dos veces con datos cruzados o fichas que carecen de información georreferenciada básica.
Contradicciones de diagnóstico: Informes que se contradicen entre plataformas paralelas sobre si un puente es apto o no para el tránsito de carga pesada.
Efecto burocrático: Estas falencias informáticas complejizan la planificación ministerial, entrampan las licitaciones de conservación y retrasan de forma crónica las intervenciones urgentes en las rutas.
Frente a la gravedad de los hallazgos en este año 2026, la Contraloría General de la República ordenó a la Dirección de Vialidad del MOP la adopción inmediata de un paquete de medidas correctivas de carácter obligatorio, fijando plazos perentorios para su cumplimiento:
Depuración Informática: Unificar, limpiar y actualizar de forma definitiva los sistemas de información de puentes a nivel nacional.
Garantía de Calendario: Asegurar de forma estricta el cumplimiento de los plazos de inspección técnica en terreno.
Mantenciones de Urgencia: Ejecutar oportunamente los proyectos de conservación pendientes, priorizando de forma inmediata los viaductos con daños históricos no resueltos.
Respaldo Especializado: Acreditar mediante actas de fiscalización todas las revisiones e incorporar el respaldo documental que certifique la participación de ingenieros calculistas especialistas en los proyectos viales.