Una nueva y compleja turbulencia comercial internacional mantiene bajo máxima alerta al bloque exportador chileno y a las cancillerías de la Moneda. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) oficializó un informe derivado de una investigación iniciada en marzo bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, donde recomienda la aplicación de un arancel adicional del 12,5% a todos los productos importados desde Chile y otras decenas de naciones del globo.
El fundamento de Washington para levantar este gravamen apunta a que Chile integra un grupo de 54 economías que presuntamente "no han logrado imponer ni hacer cumplir de forma eficaz una prohibición de la importación de bienes producidos con trabajo forzoso" en sus propios mercados domésticos. La sola divulgación de la medida encendió las alarmas de los sectores que sostienen la balanza comercial de las regiones del sur austral: la salmonicultura y la industria frutícola.
Desde el sur de Chile, la reacción del gremio salmonero fue inmediata y taxativa. El presidente de SalmonChile manifestó una profunda preocupación ante lo que considera un escenario que dinamita la competitividad de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes en su principal destino de exportación mundial.
"La propuesta de arancel de 12,5% actualmente en consulta pública genera una enorme inquietud para la salmonicultura chilena, una actividad que es estratégica para el país y los motores de desarrollo de las regiones del sur, donde miles de empleos directos e indirectos dependen de la estabilidad de los envíos", advirtió formalmente el gremio salmonero.
El sector argumenta que, de aprobarse el gravamen del 12,5%, se superaría el arancel temporal del 10% que ya había sido impuesto al país por la administración del presidente Donald Trump, profundizando la pérdida de participación frente a competidores directos del hemisferio norte y amenazando las proyecciones de inversión. Por ello, SalmonChile confirmó que agotará las instancias administrativas y participará activamente en el proceso de audiencias en Washington para demostrar los altos estándares laborales y productivos con los que opera la industria nacional.
En una vereda opuesta, el gremio Frutas de Chile decidió abordar la arremetida norteamericana con una postura de mayor prudencia. El presidente del bloque frutícola, Iván Marambio, remarcó que se debe recordar que, por el momento, se trata de una recomendación técnica no vinculante emitida por la USTR.
A juicio del sector agrícola, existen factores de equilibrio que amortiguan un pánico inmediato:
Afectación Transversal: La propuesta de aranceles de la administración norteamericana golpea simultáneamente a competidores directos de la fruta chilena, como Perú y Nueva Zelanda, lo que nivela la cancha en caso de un alza colectiva de costos en los puertos estadounidenses.
Tratado de Libre Comercio (TLC): Chile posee un blindaje institucional sólido gracias a su Tratado de Libre Comercio bilateral con EE. UU., vigente por más de dos décadas, herramienta legal clave que la Cancillería chilena ya comenzó a articular mediante gestiones diplomáticas de alto nivel.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, el canciller Francisco Pérez Mackenna llamó a la calma e informó que el Gobierno se encuentra en permanente socialización de antecedentes con el sector privado y las principales industrias exportadoras para revertir la recomendación técnica.
La moneda de cambio y de defensa se jugará en los plazos legales fijados por la normativa de la USTR en este invierno de 2026:
22 de junio de 2026: Fecha límite para que las defensas de Chile y sus gremios soliciten formalmente comparecer ante las autoridades comerciales de EE. UU..
6 de julio de 2026: Plazo fatal para la presentación de los comentarios e informes escritos que certifiquen el cumplimiento normativo nacional.
7 de julio de 2026: Apertura oficial de las audiencias públicas de la USTR en Washington. Recién tras el término de esta última fase de alegatos presenciales, la Casa Blanca dictará su resolución definitiva respecto a si gatilla o desecha el temido gravamen aduanero.