Un masivo y coordinado despliegue de control inspectivo en terreno ejecutó la Policía de Investigaciones (PDI) a lo largo del territorio austral. Detectives de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional lideraron un amplio operativo de fiscalización migratoria que abarcó de forma simultánea puntos estratégicos de las tres comunas con mayor densidad de población extranjera en la región, dejando como saldo a cinco ciudadanos extranjeros denunciados ante las autoridades administrativas.

La acción policial, enmarcada en las políticas de seguridad y ordenamiento fronterizo, se ejecutó de manera paralela en las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Williams, movilizando a unidades especializadas en fiscalización de regularidad laboral y residencial en zonas extremas.

Desde los cascos céntricos hasta la toma "Las Etnias"

Durante las fiscalizaciones desarrolladas en la capital magallánica, los oficiales policiales concentraron sus esfuerzos en dos cuadrantes de alta complejidad logística: el sector céntrico de la ciudad —asociado prioritariamente al comercio e industrias de servicios— y el asentamiento informal conocido como toma “Las Etnias”, ubicado en la zona periurbana de Punta Arenas.

En ambos puntos, el personal institucional procedió a verificar mediante sistemas biométricos y consultas de datos en línea la vigencia de los permisos de residencia, visaciones de trabajo y modalidades de ingreso al territorio chileno de los habitantes fiscalizados.

Balance final: 48 controles y reporte al Servicio de Migraciones

Al cierre de las jornadas de fiscalización en este inicio de junio de 2026, la PDI entregó el balance consolidado del operativo en Magallanes:

• Población Fiscalizada: Un total de 48 ciudadanos extranjeros de diversas nacionalidades fueron sometidos a control de identidad y estado migratorio formal.

• Ciudadanos Denunciados: Un total de 5 extranjeros resultaron con actas de denuncia tras comprobarse que vulneraron de forma flagrante lo dispuesto en la Ley de Migraciones y Extranjería vigente (como ingresos por pasos no habilitados, permanencias con visas vencidas o ejercicio de actividades remuneradas sin autorización oficial).

La totalidad de los antecedentes y carpetas investigativas de los cinco ciudadanos infractores fueron remitidos de forma inmediata a las oficinas regionales del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), organismo administrativo encargado de evaluar las agravantes de cada caso y dictaminar las sanciones correspondientes, las cuales pueden variar desde multas económicas hasta decretos de expulsión del territorio nacional.