Una severa crisis administrativa y social mantiene bajo extrema alerta a cientos de profesionales y técnicos en el país. Luego de una oleada de desesperadas denuncias realizadas por deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) —quienes aseguran haber sufrido el congelamiento y embargo de la totalidad de los fondos disponibles en sus cuentas corrientes y Vista (CuentaRUT)— la diputada por la Región de Magallanes, Javiera Morales Alvarado, anunció el despliegue inmediato de una plataforma de apoyo legal gratuito para auxiliar a los damnificados.

La ofensiva parlamentaria se detonó tras comprobarse que la Tesorería General de la República (TGR), en alianza operativa con diversas entidades bancarias, bloqueó el 100% de los recursos de los deudores en pleno proceso de depósitos de remuneraciones. Muchos de los afectados perdieron de golpe sus sueldos mensuales completos y ahorros de vida, gatillando una situación de extrema vulnerabilidad al no contar con fondos mínimos para cubrir necesidades básicas de subsistencia.

Oficio a Contraloría: Deuda educacional y no tributaria

Frente a la gravedad de los hechos, la bancada del Frente Amplio —liderada en la zona por Morales— ingresó un requerimiento de fiscalización urgente y ofició a la Contraloría General de la República para que audite de forma inmediata la legalidad, proporcionalidad y constitucionalidad de las medidas coercitivas aplicadas por la TGR.

El documento jurídico ingresado al órgano contralor estipula los siguientes cuestionamientos técnicos:

• Vulneración del Mínimo Inembargable: Se solicita aclarar por qué la Tesorería retiene el total de los fondos en las cuentas sin resguardar los tramos que la ley chilena protege estrictamente para remuneraciones y pensiones alimenticias básicas.

•  Error de Procedimiento: El oficio cuestiona penalmente que el Estado utilice el procedimiento ejecutivo de cobro tributario (diseñado para evasores de impuestos) para perseguir una obligación de carácter estrictamente educacional y civil.

•  Convenios Abusivos: Se exigió verificar los umbrales de renta aplicados en los embargos, ante las masivas quejas de usuarios que aseguran que los convenios de pago ofrecidos por la TGR exigen cuotas iniciales que resultan imposibles de cumplir en la práctica.

“Lo que está haciendo este Gobierno al quitarle el sueldo de forma íntegra a los deudores del CAE es completamente ilegal e inmoral. El Crédito con Aval del Estado tiene normativas y medidas muy claras sobre cómo debe ser cobrado judicialmente y hoy el Fisco no las está cumpliendo. Nadie en Chile se debería quedar sin sueldo para comer por el solo hecho de haber estudiado en la educación superior”, sentenció de forma tajante la diputada Javiera Morales en este mes de junio de 2026.

Recursos de Protección y canales de ayuda en Magallanes

El equipo jurídico de la parlamentaria confirmó que se encuentra evaluando de forma particular los antecedentes de cada afectado para iniciar las acciones judiciales respectivas, lo que incluye la redacción y presentación masiva de Recursos de Protección ante la Corte de Apelaciones y, eventualmente, requerimientos de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional (TC).

Para catastrar a los profesionales damnificados y canalizar la asesoría jurídica, la diputada habilitó dependencias físicas en las capitales provinciales y un canal digital centralizado:

•  Inscripción Digital: Los deudores que hayan sufrido retenciones totales en sus bancos pueden ingresar sus datos y cartolas directamente en este formulario web oficial: https://tinyurl.com/bdfbfru5.

•  Sede Punta Arenas: Atención presencial en calle Mejicana Nº 252 o vía contacto telefónico y WhatsApp al número +56 9 5724 7759.

•  Sede Puerto Natales: Asistencia en la oficina parlamentaria de calle Blanco Encalada Nº 598 o llamando al celular +56 9 9821 6955.

•  Correo Institucional: Casilla abierta para consultas documentales en [email protected].

Esta arremetida fiscalizadora se produce justo en el periodo en que la TGR intensificó sus cobranzas judiciales coactivas a nivel país, informando en paralelo sobre supuestos nuevos convenios de regularización ajustados a la renta, modalidades que según la diputada magallánica están pasando por encima de las garantías constitucionales mínimas de los profesionales.