Una profunda fractura política e institucional quedó en evidencia en el seno del Gobierno Regional de Magallanes. Dos meses después de que la Contraloría General de la República emitiera el demoledor Dictamen 168/2026, el cual dejó al descubierto una serie de graves anomalías y vicios administrativos en la compra de una millonaria propiedad en el sector sur de Punta Arenas, la discordia volvió a tomarse la sesión plenaria del Consejo Regional (CORE) de este lunes.

El eje de la polémica es una vivienda de 600 metros cuadrados, ubicada en la calle Presidente Alessandri Nº 893, adquirida por el Fisco mediante la modalidad de trato directo por un monto de $797 millones de pesos. El objetivo original de la millonaria transacción era traspasar el inmueble al servicio Mejor Niñez para transformarlo en una residencia familiar destinada a adolescentes cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados. Sin embargo, el rastro de la compra levanta sospechas de eventuales conflictos de interés que apuntan al vendedor de la propiedad, el juez tributario Sergio Vera Aparicio.

La ofensiva de Morano: Tras el rastro de los correos y audios oficiales

Convertido en el principal persecutor de las presuntas irregularidades dentro del cuerpo colegiado, el consejero regional Juan Morano lideró una dura arremetida fiscalizadora para transparentar el proceso de toma de decisiones. Morano solicitó formalmente que el Ejecutivo del GORE libere de forma inmediata la copia íntegra de un correo electrónico clave, fechado el 5 de junio de 2025, remitido por la División de Administración y Finanzas (DAF) regional al ente contralor.

“La DAF emitió ese mensaje electrónico a la Contraloría General de la República, donde da cuenta de todas las informaciones o todo el catastro de la solicitud de información entre los años 2021 y 2025. Esto, porque en ese catastro existirían comunicaciones que no han sido respondidas de vuelta por la autoridad. Y la verdad es que, a estas alturas, no sé si son consultas nuestras que se ocultaron o si provienen de terceros”, requirió Morano con desconfianza.

En la misma línea, el consejero exigió que se pongan a disposición de la mesa todas las actas correlativas, grabaciones de audio y registros en video de cada una de las comisiones de trabajo y sesiones plenarias donde el CORE debatió y votó la aprobación de los recursos para este inmueble. Asimismo, solicitó certificar si existió efectivamente el trámite de toma de razón por parte de la Contraloría al momento de visar el polémico trato directo.

Cuestionamientos a la habitabilidad y el factor de las cotizaciones

A las críticas se sumó su par, el consejero Rodolfo Arecheta, quien puso en duda la idoneidad técnica de la millonaria infraestructura para cumplir un rol social tan sensible. Arecheta repasó los informes técnicos preliminares y advirtió que la propiedad no contaría con las condiciones estructurales mínimas requeridas para albergar de forma digna a menores de edad en situación de vulnerabilidad.

De igual forma, el consejero Arecheta sembró dudas respecto al origen financiero del proyecto, acusando la existencia de eventuales fallas críticas en la trazabilidad de las cotizaciones de mercado, lo que sembraría mantos de duda sobre cómo se determinó que la casa del juez Vera Aparicio valía los casi 800 millones de pesos pagados por el Estado.

Gobernador Flies blinda la compra: "Estamos haciendo lo correcto"

Frente a la andanada de cuestionamientos y solicitudes de información, el gobernador regional, Jorge Flies Añón, evitó referirse de manera explícita al contenido de los documentos solicitados por Morano, optando por blindar la gestión política y administrativa del Gobierno Regional ante las indagatorias que corren por carriles paralelos.

“Este asunto está actualmente en un proceso de investigación interna y ministerial particularmente. Tal como lo hemos sostenido desde el primer día, nosotros tenemos la absoluta certeza, tanto en el plano personal como en el institucional, de que se ha hecho lo correcto en esta licitación. Y hoy día es tan correcto, que los niños están por lo menos protegidos en un ambiente... aunque a algunos no les guste, el fin superior es que estamos protegiendo a los niños”, replicó de forma tajante la máxima autoridad regional en este junio de 2026.

El caso continuará escalando tensiones políticas en los pasillos de la Plaza de Armas, mientras el Consejo Regional espera la entrega de las grabaciones y correos que diluciden si el millonario trato directo cumplió con los estándares de probidad exigidos por el marco legal chileno.

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