Una grave crisis de probidad corporativa y ambiental sacude las estructuras de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). La compañía estatal concretó de forma fulminante la desvinculación de ocho funcionarios de sus filas, luego de que auditorías internas detectaran una presunta y sistemática manipulación de datos de cumplimiento ambiental originados en los laboratorios de la Refinería Aconcagua. Esta adulteración de registros derivó en la entrega de información falsa y errónea a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), camuflando los índices reales de polución en una de las zonas geográficas más sensibles del país en este junio de 2026.

A través de un comunicado oficial, la estatal petrolera precisó que las primeras inconsistencias en los flujos de datos fueron alertadas por los propios sistemas de control de la compañía en enero pasado. A partir de ese hito, se activaron los protocolos de escalamiento del gobierno corporativo. “La compañía puso los antecedentes correspondientes a disposición de las entidades competentes y, tras realizar una evaluación interna, resolvió modificar y fortalecer su estructura, especialmente en el área de cumplimiento ambiental, procediendo a la desvinculación inmediata de las ocho personas implicadas”, explicaron desde ENAP.

Ofensiva fiscalizadora: Citación a comisión y sospechas sobre la salud pública

La gravedad del engaño a los fiscalizadores ambientales provocó la inmediata reacción del bloque parlamentario de la Unión Demócrata Independiente (UDI), colectividad que activó una ofensiva fiscalizadora de alta intensidad liderada por el diputado Guillermo Ramírez (presidente de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara) y su par, Ricardo Neumann.

Los congresistas acordaron la realización de una sesión especial urgente en la comisión de Medio Ambiente, instancia a la que serán citados a declarar de forma presencial los máximos ejecutivos de ENAP, el Ministro de Energía y las jefaturas de la SMA.

Los parlamentarios de oposición manifestaron su profunda preocupación debido a que el maquillaje de cifras incide directamente en el cordón industrial costero de la Región de Valparaíso, un área históricamente afectada por crisis respiratorias:

“La información dada a conocer por ENAP reviste la máxima gravedad institucional y exige que se esclarezcan todos los antecedentes a la brevedad posible, especialmente considerando que se trata de inconsistencias vinculadas directamente a emisiones en una zona altamente saturada, como son las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Más allá de si existió o no una manipulación dolosa de las cifras, es fundamental entender que no estamos solo frente a un asunto administrativo o de contratos, sino ante una situación que podría haber impactado directamente en la salud de miles de personas, incluyendo a niños, estudiantes y trabajadores que respiran ese aire diariamente”, sostuvieron Ramírez y Neumann.

Exigen acciones penales e investigación de la SMA

Dentro de la batería de medidas fiscalizadoras, los legisladores ingresaron un oficio formal dirigido a la Superintendencia del Medio Ambiente con el objetivo de que el organismo técnico ordene peritajes cruzados y determine de forma científica si las emisiones reales no declaradas por la refinería superaron las normas e impactaron de forma adversa el aparato respiratorio de la población civil.

Asimismo, los diputados decidieron oficiar de manera directa a la gerencia de la estatal petrolera para que aclare el silencio respecto a las acciones judiciales de su último comunicado. Para los parlamentarios, resulta “indispensable” que ENAP no limite el castigo a meros despidos por causales laborales, sino que interponga querellas criminales ante el Ministerio Público para perseguir las eventuales responsabilidades penales por falsificación de instrumento público y delitos ambientales en contra de los ocho funcionarios desvinculados de la Refinería Aconcagua.