Un duro revés institucional y un manto de dudas sobre la rigurosidad de los procesos de reclutamiento del principal organismo de medición demográfica del país quedaron al descubierto tras una exhaustiva auditoría. La Contraloría General de la República detectó una serie de graves situaciones irregulares y fallas estructurales de control en la ejecución del Censo de Población y Vivienda, proceso que estuvo bajo la tutela técnica y administrativa del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), repartición dependiente del Ministerio de Economía.

De acuerdo con los antecedentes oficiales a los que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, el informe final emanado de la División de Fiscalización de la Contraloría devela negligencias en los filtros de contratación de personal en terreno, omisión de la verificación de documentos públicos y un severo conflicto de interés en licitaciones de alta gama. Debido a la naturaleza de los hallazgos, el órgano contralor determinó remitir de forma automatizada la totalidad de las carpetas al Ministerio Público para que el fiscal nacional evalúe la apertura inmediata de causas criminales en este jueves 11 de junio de 2026.

Censistas con prontuario criminal por narcotráfico, robo y estafa

El capítulo más alarmante del informe de auditoría se concentra en el personal que recorrió los hogares chilenos recolectando información sensible de las familias. La Contraloría constató que el INE incorporó formalmente a su dotación de personal en terreno a 16 personas que registraban antecedentes penales y condenas ejecutoriadas por delitos de alta connotación social, tales como:

•  Tráfico de drogas

•  Robo, hurto y estafa

•  Lesiones corporales

Al desglosar las carpetas de estos trabajadores, los fiscalizadores de la Contraloría descubrieron dos dinámicas de fraude: en seis de los casos, los postulantes exhibieron certificados de antecedentes falsificados o adulterados que no reflejaban fielmente su prontuario, acreditándose que el INE jamás activó los mecanismos de verificación digital ante el Servicio de Registro Civil para constatar que los documentos fueran fidedignos. En los 10 casos restantes, la auditoría determinó de forma categórica que el organismo público ni siquiera exigió el certificado de antecedentes respectivo antes de firmar los contratos de prestación de servicios.

Extranjeros sin permiso de trabajo y un censista con orden de expulsión

La fiscalización también puso bajo la lupa la contratación de personal de origen extranjero. El ente de control constató la incorporación irregular de 14 ciudadanos extranjeros que no se encontraban habilitados legalmente para ejercer funciones remuneradas en el territorio chileno, al carecer de visas temporales o definitivas vigentes o acogidas a trámite al cierre de diciembre de 2023.

La gravedad del escenario se acentúa al constatar que a cinco de estas personas se les había revocado formalmente su permiso de residencia por diversos motivos de seguridad o infracción migratoria previa. De hecho, el informe detalla de forma explícita que uno de los censistas contratados y pagados con fondos fiscales registraba un decreto vigente de expulsión administrativa del país al momento de realizar las encuestas en los domicilios.

Conflicto de interés en millonaria licitación por $1.700 millones

Más allá de las anomalías en el personal de calle, la Contraloría destapó un presunto fraude corporativo en los niveles directivos del proyecto censal. Se constató la existencia de un evidente y grave conflicto de interés en torno a la participación activa de una exasesora directa del Censo en la comisión evaluadora técnica de una licitación pública de difusión y publicidad.

La propuesta en cuestión fue adjudicada por la multimillonaria suma de $1.700 millones de pesos a la firma Dittborn y Unzueta S.A.. No obstante, el cruce de datos mercantiles ejecutado por los auditores del Estado demostró que la exasesora e integrante de la comisión que asignó el puntaje era, de forma paralela, la representante legal de otra sociedad comercial que controlaba y poseía el 60% de las acciones de la empresa ganadora, vulnerando de forma flagrante el principio de probidad administrativa consagrado en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.

Ante este adverso escenario de vulneración institucional, la Contraloría General de la República dictó una orden perentoria: otorgó un