Las esquirlas políticas y financieras derivadas de la inédita ofensiva de cobranza judicial desplegada por la Tesorería General de la República (TGR) en contra de miles de profesionales morosos sumaron una fuerte cuota de realismo y debate ideológico en los pasillos del Poder Legislativo. En el marco de su despliegue en el Congreso Nacional, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sacudió los cimientos de la Educación Superior al lanzar una severa advertencia sobre la viabilidad laboral de la oferta académica actual, al tiempo que defendió de forma irrestricta la ejecución de los embargos a las cuentas corrientes en este jueves 11 de junio de 2026.

El jefe de la billetera fiscal no titubeó al abordar la raíz del colapso del Crédito con Aval del Estado (CAE), apuntando directamente a las directrices de la administración anterior como las responsables de la masiva deserción en las cajas de pago. “Durante el gobierno de Gabriel Boric se propició deliberadamente una cultura distinta y la gente derechamente dejó de pagar sus compromisos de forma masiva. Es profundamente lamentable que eso haya ocurrido en el país porque la ley es la ley. Este ministerio y el gobierno van a cumplir la ley con criterio siempre, sin excepciones”, sentenció Quiroz, reconociendo —no obstante— que existen urgentes reformas estructurales y temas pendientes en el financiamiento del sistema universitario.

El lapidario dato de la FNE: Carreras sin retorno financiero

El corazón de la intervención del ministro Quiroz se concentró en desmitificar el valor automático de los títulos profesionales en el mercado laboral contemporáneo. El secretario de Estado reveló que el Ministerio de Hacienda adoptó como base de planificación las conclusiones del demoledor informe técnico evacuado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a comienzos del presente año.

Las estadísticas de la FNE devela una cruda realidad de sobreoferta y descalce técnico:

•  El drama del 40%: Cuatro de cada diez estudiantes de Educación Superior en Chile cursan programas de estudio que no les generarán ningún tipo de retorno financiero ni plusvalía económica que les permita cubrir el costo de los aranceles.

•  Llamado al cuidado: Ante este escenario, Quiroz formuló un emplazamiento directo a la juventud: “Hago un llamado urgente a esos alumnos a que miren bien en qué están matriculados, que tengan extremo cuidado de endeudarse con el Fisco para estudiar carreras donde a lo mejor hay nulo o muy menos futuro laboral”, enfatizó.

Cruce con Gabriel Boric: El muro del Secreto Bancario

La arremetida del ministro Quiroz también sirvió como un directo canje de golpes con el expresidente Gabriel Boric Font, quien horas antes había utilizado su tribuna digital en la red social X para fustigar el accionar de la Tesorería. Boric cuestionó que el Estado proceda a vaciar las cuentas corrientes de los deudores del CAE de forma intempestiva, provocando severas crisis de subsistencia en las economías familiares, mientras las bancadas aliadas al actual gobierno “votan sistemáticamente en contra de habilitar el levantamiento del secreto bancario para combatir el dinero del crimen organizado”.

La réplica de Quiroz desde los comedores del Senado fue taxativa, exigiendo coherencia argumentativa al exjefe de Estado:

“El expresidente Gabriel Boric no tiene que mezclar bajo ningún punto de vista los temas. Un asunto muy claro es resguardar la plata de todos los chilenos que se usó para financiar esas carreras de personas a las que hoy les ha ido bien y se niegan a pagar. El secreto bancario es un tema totalmente distinto y soberano, que tiene que ver directamente con el derecho constitucional a la privacidad de las personas”, replicó el ministro.

Para cerrar el flanco, Quiroz blindó las cuentas de ahorro del sector privado de cualquier intento de fiscalización administrativa intrusiva por parte de agencias gubernamentales. “Nuestra posición doctrinaria es firme: pensamos que toda interferencia en la privacidad de los ciudadanos, toda intercepción de llamadas telefónicas, espionaje, seguimiento, e incluso el mirar los saldos y cartolas de las cuentas bancarias de la gente, son actos de excepcionalidad que deben ser ejecutados única y exclusivamente bajo el amparo de una orden judicial emanada por un tribunal competente”, remató el secretario de Estado, extinguiendo las pretensiones de la oposición de flexibilizar el secreto financiero sin control de magistrados.