La fuerte controversia política y social desatada a nivel país por la ejecución de los primeros embargos digitales y la retención automatizada de cuentas corrientes a los deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE) sumó una categórica postura por parte del gobierno en la zona austral. Frente al descontento de las agrupaciones de usuarios, el Seremi de Hacienda de Magallanes, Manuel José Correa, salió en defensa del marco regulatorio, entregando un crudo diagnóstico sobre el impacto financiero que la morosidad estudiantil provoca en las arcas fiscales de la Patagonia en este jueves 11 de junio de 2026.

La autoridad regional llamó a separar las consignas ideológicas del estricto imperio de la ley, recordando que la facultad que hoy ejerce la Tesorería General de la República (TGR) para congelar fondos bancarios no es un acto arbitrario, sino una herramienta de cobranza administrativa incorporada formalmente en la Ley de Cumplimiento Tributario (Ley N° 21.713). Dicha norma fue promulgada en octubre de 2024 por la administración del Presidente Gabriel Boric, modificando el Artículo 170 del Código Tributario para agilizar el recupero de dineros públicos mediante embargos electrónicos directos.

"Equivale a cinco presupuestos completos de la Región de Magallanes"

El seremi Correa fue enérgico al detallar la asimetría del sistema de financiamiento de la Educación Superior y el perjuicio que genera el no pago de los compromisos adquiridos por profesionales que hoy perciben ingresos estables.

“Quiero ser sumamente claro y pedagógico. Cuando un profesional decide no pagar su CAE, bajo ningún punto de vista es el banco privado el que absorbe la pérdida financiera: la cuenta la paga íntegramente el Estado, es decir, la terminamos costeando todos los chilenos de nuestro bolsillo. El que pudiendo pagar no lo hace, le está quitando a un joven vulnerable la posibilidad real de estudiar. No es sostenible bajo ninguna métrica que le pagemos a la banca 500 millones de dólares todos los años para cubrir las deudas vencidas que los deudores derechamente abandonaron. Para dimensionar el drama local: por cada año que el Fisco cubre esas deudas del CAE a nivel país, nos gastamos el equivalente a cinco años completos del presupuesto total de la Región de Magallanes”, disparó la autoridad del ramo.

Correa también aprovechó de emplazar los cuestionamientos surgidos desde las bancadas de la oposición regional: “A los sectores políticos que hoy critican las fiscalizaciones, ¿les parece justa esta fuga de capitales que impide inyectar recursos para mejorar la salud primaria, construir nuevos caminos rurales, levantar viviendas sociales o mejorar la infraestructura de los liceos en Magallanes?”, interpeló.

El desglose de la morosidad en Magallanes: 3.387 personas en la mira

Frente al temor generalizado por la masividad de los embargos de cuentas de ahorro o corrientes, el titular de Hacienda en la zona austral desmitificó el procedimiento, asegurando que se trata del eslabón final de un largo proceso de notificaciones administrativas y no de una medida de fuerza inmediata. En ese sentido, recordó que la TGR emitió alertas globales en abril, abriendo de par en par la opción de suscribir convenios de pago blandos, hito que frena y extingue de forma automática cualquier acción de embargo forzoso.

El balance estadístico entregado por el Ministerio de Hacienda al 8 de junio de 2026 demuestra una masiva adhesión al proceso de regularización pacífica, exhibiendo las siguientes métricas:

•  Convenios de Pago Nacionales: Un total de 29.820 deudores han concurrido a las oficinas físicas o virtuales de la TGR para repactar y pagar en cuotas.

•  Embargos a Nivel Nacional: Se han ejecutado de forma efectiva únicamente 1.487 embargos electrónicos, lo que significa que por cada persona embargada, 20 prefirieron regularizar su situación.

•  La Realidad de Magallanes: En la región más austral, la Tesorería mantiene juicios ejecutivos de cobro vigentes sobre 3.387 personas, cuya deuda consolidada e impaga asciende a la gigantesca suma de $21.170 millones de pesos.

•  Impacto Forzoso Local: Pese al abultado número de morosos en las cuatro provincias, el Seremi precisó que el impacto de la fuerza pública es mínimo en la zona: “A la fecha, en Magallanes solo registramos cuatro embargos bancarios y una sola retención electrónica efectiva”.

Finalmente, el seremi Manuel José Correa reiteró el llamado urgente a los profesionales de la zona que mantienen cuotas del CAE vencidas a no esperar el congelamiento de sus saldos bancarios ni las alertas de los sistemas comerciales. Invitó a la ciudadanía a ingresar al portal web de la Tesorería General de la República para acogerse a los planes de condonación de intereses y facilidades de pago, normalizando su estatus financiero antes del inicio del segundo semestre académico.