Un duro e histórico vuelco en la fiscalización del parque automotriz evidenció la Contraloría General de la República (CGR). En su último informe especial, el organismo expuso una entrega generalizada e irregular de permisos de circulación a lo largo de todo el país entre los años 2022 y 2025.
El cruce de bases de datos arrojó que 322 de las 345 municipalidades de Chile (un 93%) incurrieron en ilegalidades , otorgando documentos a vehículos que registraban multas pendientes o infracciones de tránsito no pagadas.
La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena no quedó ajena a esta alarmante situación. La Contraloría constató que en la región se entregaron de forma irregular un total de 398 permisos de circulación a automovilistas con deudas vigentes.
El desglose de los datos permite identificar el comportamiento de las comunas que vulneraron la Ley N° 18.287:
Punta Arenas: Concentra la gran mayoría de las infracciones con 283 permisos fuera de norma.
Torres del Paine: Registra de forma sorpresiva el segundo lugar con 48 casos.
Otras comunas afectadas: Puerto Natales (22), Timaukel (18), Río Verde (10), Laguna Blanca (8), Porvenir (3), Cabo de Hornos (2), Primavera (2) y San Gregorio (2).
A diferencia del escenario nacional —donde se detectaron miles de patentes otorgadas a funcionarios y sus familiares— en Magallanes esta arista fue casi nula, registrándose un único caso bajo sospecha de parentesco en Torres del Paine.
La respuesta del ente regulador ante este masivo desapego a las leyes de tránsito ha sido tajante. La Contraloría ordenó de manera perentoria que todas las municipalidades involucradas inicien de inmediato sumarios administrativos para delimitar responsabilidades internas.
Paralelamente, debido al potencial perjuicio fiscal por concepto de multas no recaudadas, la lista completa de antecedentes fue derivada directamente al Ministerio Público para investigar la eventual comisión de delitos funcionarios como cohecho o prevaricación.