Un alarmante escenario de desarticulación fronteriza, vulnerabilidad infantil e ineficacia administrativa en las fronteras aéreas del país ha quedado al descubierto tras una profunda indagatoria del principal órgano fiscalizador de la República. De acuerdo con un preinforme reservado de la Contraloría General de la República, el Estado chileno perdió por completo la trazabilidad, ubicación y resguardo de decenas de niños, niñas y adolescentes (NNA) de nacionalidad haitiana que ingresaron al territorio nacional bajo la figura legal de “reunificación familiar”, en un proceso que el ente de control califica derechamente como deficientemente controlado.

Los documentos confidenciales de auditoría, a los cuales tuvo acceso exclusivo la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, revelaron que el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y la Policía de Investigaciones (PDI) permitieron el ingreso masivo de menores de edad mediante vuelos chárter no regulares organizados fuera de los circuitos comerciales habituales, descansando el sistema únicamente en datos autorreportados y declaraciones juradas de los interesados, sin que existieran validaciones científicas, cruces de bases de datos o control biológico de los adultos acompañantes.

El perturbador patrón de la "gira de estudios": Adultos a cargo de múltiples niños

La investigación de Contraloría se activó tras la presentación de denuncias y requerimientos parlamentarios formales, entre ellos los interpuestos por el entonces diputado de la UDI, Juan Fuenzalida. Al auditar las cartolas de ingreso, los investigadores detectaron un patrón sistemático y coincidente con los esquemas delictivos de las mafias de facilitación migratoria o tráfico de personas:

•  El "adulto apoderado": Los registros de extranjería identificaron a personas particulares que actuaban de manera habitual y reiterada como tutores o "adultos responsables" a cargo de nutridos grupos de niños en distintos vuelos chárter sucesivos, sin que las autoridades en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez verificaran de forma rigurosa o documental el vínculo familiar o legal directo.

•  Flujo compuesto por menores: Al examinar una muestra acotada de 366 pasajeros ingresados en vuelos no regulares, se constató que 333 correspondían estrictamente a niños, niñas y adolescentes. Fuentes consultadas por Radio Bío Bío compararon la escena con el arribo de una "gira de estudios", donde un adulto coordinaba listas completas de infantes bajo un mismo expediente o trámite consular visado en Puerto Príncipe.

Negligencia crítica: Visados autorizados a nombre de tutores fallecidos

Uno de los hallazgos más inverosímiles y escalofriantes contenidos en el preinforme de Contraloría documenta la total ausencia de interoperabilidad entre los ministerios chilenos. Los fiscalizadores descubrieron el otorgamiento de permisos de reunificación familiar aprobados para tres menores de edad cuyo padre y tutor legal ya había fallecido en Chile un mes antes del despegue del avión.

Según el expediente técnico, el 13 de febrero de 2025 se emitieron los documentos de viaje definitivos en favor de los niños haitianos bajo el supuesto de que venían a reencontrarse con su progenitor. No obstante, las bases de datos de defunciones arrojaron que el adulto reclamante había muerto semanas antes. Pese al fallecimiento del pilar del trámite, no saltaron alarmas informáticas ni existió coordinación consular: los niños abordaron el vuelo chárter especial, aterrizaron en Santiago y cruzaron la policía internacional sin que nadie detectara que el padre que supuestamente los esperaba en el terminal estaba muerto.

El misterio de los niños que "desaparecieron de la faz de la tierra"

El punto más dramático y que abre flancos de urgencia penal radica en las inspecciones presenciales ejecutadas por la Contraloría. Los equipos de fiscalizadores se desplegaron en terreno en diversas comunas para verificar de forma in situ si los menores de edad efectivamente se encontraban residiendo en los domicilios declarados por sus patrocinantes al momento de ingresar a Chile.

El resultado de las visitas arrojó una ruptura absoluta de la trazabilidad. Contraloría consignó de forma oficial múltiples casos de "NNA no encontrados durante la visita a terreno". En los domicilios auditados simplemente no había rastro físico de los niños, y los residentes actuales no poseían antecedentes, nombres ni datos sobre el paradero de los menores. A la fecha de la divulgación del reportaje de Radio Bío Bío, en este julio de 2026, el paradero de decenas de estos niños haitianos es una incógnita total para el Estado, habiendo desaparecido de los registros públicos a las pocas semanas de su ingreso legalizado.

Descoordinación institucional y el fantasma del tráfico de menores

El informe de Contraloría describe un cuadro de desarticulación estructural e inacción entre los tres estamentos llamados por ley a proteger a la infancia y regular las fronteras: el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) —liderado por Luis Thayer Correa—, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez. Las conclusiones preliminares advierten que la información de los expedientes se encuentra en estado "parcial, confuso o erróneo", identificándose además 499 casos de menores ingresados sin número de documento de identidad, duplicación de fichas y masivas discrepancias de datos entre las bitácoras de la PDI y el Sermig.

La ruta masiva de este puente aéreo estuvo sustentada por las operaciones de aerolíneas chárter chilenas e internacionales con el visto bueno de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Entre el volumen analizado, de 2.792 personas que ingresaron por reunificación familiar, 1.476 lo hicieron en vuelos especiales operados por firmas como Galistair (vuelo GH6011), Aruba Airlines (AG01 y ZZ02-E) y Caribbean Sun Airlines.

El caso más bullado se registró en octubre de 2025, cuando un Boeing 737 de Caribbean Sun Airlines (vuelo WAL-801) aterrizó en Santiago en plena campaña presidencial portando a 44 menores de edad por reunificación familiar bajo severas irregularidades, tales como la ausencia absoluta de listado de pasajeros en formato digital, niños sin pasaportes o documentación vigente y nula validación de los adultos a cargo. Si bien el informe reservado al que accedió Radio Bío Bío no califica judicialmente los hechos como trata de personas, las fuentes consultadas enfatizan que la hipótesis de redes de facilitación migratoria y tráfico de niños dejó de ser una teoría marginal, haciendo indispensable y urgente la apertura de una investigación penal por parte del Ministerio Público para determinar quiénes autorizaron y financiaron el arribo de menores cuyo rastro hoy está completamente perdido.

Mira el informe completo de biobiochile.