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Kast firma indicaciones para destrabar el proyecto de Sala Cuna Universal

politica
15/06/2026 a las 11:20
Periodista Web 1
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La iniciativa de ley busca sepultar el artículo 203 del Código del Trabajo vigente desde 1917, eliminando la restricción de contratación de un mínimo de 20 mujeres para otorgar el beneficio. El nuevo diseño contempla una implementación gradual, sustentabilidad financiera monitoreada por una Comisión Técnica y la fiscalización estricta de la Superintendencia de Pensiones para resguardar los fondos públicos.

Un paso político y legislativo largamente esperado por los gremios productivos, las organizaciones de equidad de género y los centros de estudios económicos se materializó en la casa de Gobierno. El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó la solemne ceremonia de firma de las indicaciones sustitutivas al proyecto de ley de Sala Cuna Universal, una ofensiva programática que apunta a modernizar el mercado de la empleabilidad chilena y derribar una barrera contractual discriminatoria que ha frenado la contratación de mano de obra femenina por más de un siglo.

La actividad de firma se desplegó en el Patio de Las Camelias del Palacio de La Moneda en este lunes 15 de junio de 2026. El Mandatario estuvo flanqueado por el comité político y social de su gabinete, destacando la presencia del ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau; la ministra de Educación, María Paz Arzola; la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín; y la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, sumando a líderes de federaciones de pymes y parlamentarios de las comisiones de trabajo.

El fin del artículo 203: Justeza laboral tras 109 años de vigencia

Las nuevas indicaciones presidenciales, que ingresarán con urgencia legislativa para su discusión en el Congreso Nacional, fueron diseñadas de forma minuciosa por una mesa técnica interministerial liderada por la cartera del Trabajo. El corazón de la reforma radica en consagrar un sistema de cobertura universal que reemplace de forma definitiva los sesgos del actual artículo 203 del Código del Trabajo, una normativa promulgada originalmente en 1917.

La ley vigente obliga a entregar el beneficio de sala cuna únicamente a aquellas empresas que contraten a 20 o más trabajadoras, lo que en la práctica opera como un desincentivo perverso: cientos de medianas y pequeñas empresas congelan la contratación de mujeres al llegar al cupo 19 para evitar los costos asociados, o traspasan el valor del beneficio castigando el salario base de las postulantes. Con la nueva propuesta, el derecho a sala cuna estará indexado al trabajador o trabajadora de forma individual, independientemente del tamaño, rubro o dotación de la planilla de la empresa.

Sostenibilidad fiscal y lupa contra el fraude de cotizaciones

Conscientes de los fracasos de proyectos similares en administraciones pasadas debido a fallas en el financiamiento, el diseño presentado por el Gobierno del Presidente Kast amarra el beneficio a estrictos protocolos de disciplina económica y control administrativo:

  •  Comisión Técnica de Sustentabilidad: Se crea un órgano público-privado de carácter permanente encargado de evaluar de forma sistemática los costos operacionales del sistema, los flujos de nacimientos, la oferta de salas cunas autorizadas por el Mineduc y la viabilidad macroeconómica de los aportes estatales, garantizando una implementación por etapas y sin desfalcos fiscales.

  •  Lupa de la Superintendencia de Pensiones: Las indicaciones otorgan facultades extraordinarias de fiscalización a este organismo para auditar las planillas de cotizaciones, cruzar datos de parentesco y vigencia de contratos, persiguiendo penalmente la creación de contratos falsos o triangulaciones de aportes orientadas a capturar el subsidio de sala cuna de forma fraudulenta.

Con el despliegue de esta reforma, el Ejecutivo busca no solo dinamizar el Producto Interno Bruto (PIB) mediante la inyección de miles de mujeres al empleo formal y estable, sino mejorar sustancialmente los indicadores de conciliación entre la vida laboral, la crianza y el desarrollo familiar, garantizando que el cuidado de la primera infancia sea una responsabilidad social compartida y financiada de manera justa y equitativa en todo el territorio nacional.


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