Una reconfiguración estructural de la política de persecución criminal dirigida hacia las bandas delictivas compuestas por menores de edad, el fin de los beneficios automáticos de atenuación de condenas por criterios exclusivamente biológicos y el endurecimiento de la custodia penitenciaria marcan la agenda del comité político de La Moneda. El Gobierno de Chile afina una serie de indicaciones y modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), ofensiva legislativa precipitada tras la conmoción nacional provocada por el homicidio del joven Alejandro Águila en la comuna de San Bernardo.

A pesar de que el debate en los pasillos del Congreso Nacional cobró un violento dinamismo público tras el trágico suceso en el sector sur de la capital, el diseño técnico de la reforma ya venía desarrollándose bajo estricta reserva desde hace al menos dos semanas. Las mesas de redacción han sido lideradas de forma conjunta por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, secretarios de Estado que han revisado diversas fórmulas comparadas para endurecer la respuesta punitiva en los casos de mayor violencia.

La base Longton: Intervenir la rebaja de penas sin alterar la edad de imputabilidad

La base de las conversaciones técnicas del Ejecutivo ha tenido como insumo una moción parlamentaria presentada originalmente en el año 2022 por el actual senador Andrés Longton (RN). Dicha iniciativa se encuentra actualmente en su segundo trámite constitucional, ad portas de ser votada en general por la Sala del Senado de la República.

A diferencia de otras propuestas más radicales que han surgido desde las bancadas parlamentarias y que apuntan directamente a bajar la edad de imputabilidad penal en el país, el proyecto de ley del Gobierno busca intervenir las reglas procesales específicas que hoy permiten y obligan a los tribunales a rebajar sustantivamente las penas de los adolescentes de entre 14 y 17 años. Este tramo etario concentra el grueso de las discusiones sobre la participación de menores en encerronas, sicariato y narcotráfico.

Mecanismo de transferencia judicial: Juzgados bajo el régimen adulto

El cambio más disruptivo que evalúa el palacio gubernamental radica en la introducción en el ordenamiento jurídico de la figura del "mecanismo de transferencia judicial", herramienta penal inspirada en los tribunales norteamericanos y europeos:

• Tratamiento Diferenciado: Esta figura jurídica permitirá de forma excepcional que los adolescentes de 16 y 17 años de edad sean juzgados y condenados bajo el rigor de las reglas del sistema penal de adultos cuando se trate de crímenes de extrema gravedad.

• El Catálogo de Delitos: El traslado de sistema se aplicará de forma exclusiva ante ilícitos de alta connotación social, tales como homicidios consumados, secuestros extorsivos, mutilaciones o el uso de artefactos explosivos y armamento de guerra.

• Control de Garantías: La Moneda aclaró que la medida no operará de forma automática por el solo ministerio de la ley. Solo podrá ser solicitada formalmente por el fiscal del Ministerio Público y tendrá que ser resuelta y visada por un juez de garantía en una audiencia especial, contando con la debida participación y contradicción de la defensa penal del menor.

Criterios de evaluación y el traslado a cárceles públicas de adultos

Para definir de forma técnica si un menor de 18 años posee el discernimiento y el perfil delictual para ser transferido al sistema de adultos, las indicaciones del Gobierno estipulan que el tribunal deba ponderar un estricto catálogo de factores complementarios. Los jueces evaluarán detalladamente la gravedad del hecho cometido, el nivel de participación material del imputado en la banda, su historial delictivo previo (reincidencia formal) y el nivel de riesgo latente que significa su libertad para la seguridad de la sociedad.

Finalmente, la reforma que prepara la administración de José Antonio Kast incorporará estrictas directrices respecto a las medidas de reclusión para mayores de 14 años que muestren conductas refractarias. Asimismo, el proyecto evalúa normar el traslado inmediato a cárceles de adultos de todos aquellos internos que cumplan los 18 años de edad mientras mantienen penas de reclusión pendientes en los centros del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, siempre y cuando sus condenas estén ligadas al catálogo de delitos de mayor gravedad y sangre, evitando que sigan ejerciendo liderazgos negativos sobre los internos más vulnerables en este 2026.