El inicio de una profunda auditoría administrativa destinada a fiscalizar la regularidad de los fondos públicos asignados a asignaciones discrecionales, la anulación de procesos de exención de responsabilidades internas visados por la administración precedente y el cumplimiento estricto de los dictámenes de los organismos de control del Estado marcan la pauta en el Palacio de La Moneda. El Gobierno del Presidente José Antonio Kast determinó iniciar una exhaustiva revisión de la totalidad de las pensiones de gracia concedidas en el marco del estallido social de 2019.

La determinación del Ejecutivo responde de forma directa a una orden vinculante emitida por la Contraloría General de la República (CGR). Según informes revelados por el diario La Tercera, la Subsecretaría del Interior ordenó de urgencia la reapertura inmediata de un sumario interno que la administración del exMandatario Gabriel Boric Font (2022-2026) había decretado sobreseer de manera previa, cierre que el ente fiscalizador liderado por la Contraloría catalogó formalmente como deficiente e incompleto.

Persecución de responsabilidades y el foco en nueve pensiones críticas

Desde los patios de La Moneda, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló que la reactivación de la indagatoria interna posee un foco nítido: identificar y sancionar administrativamente a los funcionarios de carrera o de confianza política que estamparon sus firmas y visaron los millonarios beneficios de por vida sin cumplir con los estándares mínimos exigidos por la ley.

“Estamos cumpliendo de forma rigurosa la orden emanada por la Contraloría, que nos mandata a reabrir este sumario y sustanciarlo como corresponde jurídicamente. Buscaremos las sanciones punitivas y disciplinarias para aquellos funcionarios que entregaron pensiones de gracia en circunstancias que derechamente no correspondían: detectamos personas sin antecedentes médicos válidos y gente a la que le faltaron documentos esenciales para acreditar vulneraciones, lo cual queda en evidencia en el caso de nueve pensiones de gracia específicas”, precisó el subsecretario.

En esa misma línea técnica, Pavez confirmó que, atendiendo a las presiones de parlamentarios de las bancadas oficialistas y a una resolución formal aprobada por la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, los equipos jurídicos del ministerio revaluarán los antecedentes de la totalidad de los beneficiarios vinculados al 18-O.

Radiografía del universo activo: De 418 a 348 beneficios bajo la lupa

El subsecretario del Interior ofreció un catastro numérico respecto a cómo ha variado la carga financiera de estas asignaciones extraordinarias desde su promulgación original hasta este primer año de gestión del actual gobierno:

• El Histórico Original: Durante los procesos de postulación e instrucción iniciales, las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido social totalizaron 418 beneficios.

• El Universo Actual (2026): Producto de fallecimientos naturales registrados en el tramo intermedio y de procesos de revocación previa decretados por faltas graves o antecedentes penales sobrevinientes, actualmente el universo activo se sitúa en el orden de las 348 pensiones vigentes.

“Las vamos a revisar todas, una por una. Y eso es lo que estamos haciendo de forma prioritaria con nuestro equipo técnico encargado”, subrayó con firmeza la autoridad de Interior. Con el objetivo de fijar el estándar técnico del proceso, la subsecretaría descartó de plano que esta reapertura configure —por ahora— una arista de carácter penal ante el Ministerio Público, remarcando que se trata de manera exclusiva de “una investigación de carácter administrativo” para salvaguardar el correcto uso de los recursos fiscales.

En estudio: Proyecto de indulto general para uniformados

Finalmente, y al ser consultado por la prensa acreditada sobre la postura que adoptará el Gobierno frente al polémico proyecto de ley de indulto general para miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI condenados por delitos asociados al estallido social —iniciativa legal que es impulsada activamente en el Congreso por el Partido Nacional Libertario (PNL)—, el subsecretario Máximo Pavez optó por una postura de cautela estratégica.

“Todos los proyectos de ley que presenten los honorables parlamentarios que apoyan la gestión del Ejecutivo y forman parte de nuestra base de sustentación política son iniciativas que, en algún minuto del debate legislativo, el Gobierno tiene que revisar exhaustivamente para tomar una posición política definitiva. Ese texto en particular todavía se encuentra bajo un estricto proceso de estudio por parte de nuestros asesores jurídicos”, concluyó Pavez, manteniendo abierto un flanco de alta tensión política entre las distintas fuerzas del Congreso Nacional.