La reciente firma del proyecto de Régimen de Responsabilidad Parental por parte del Ejecutivo, que ya inició su discusión en el Congreso, busca abordar la preocupación ciudadana frente a delitos y conductas de riesgo de menores de 18 años. El Seremi de Justicia y DD.HH., Cristóbal Fernández, destacó la relevancia de esta iniciativa presentada en Punta Arenas.

Prevención temprana y apoyo a las familias

El proyecto no solo busca castigar, sino intervenir a tiempo. La normativa dotará a los tribunales de familia de herramientas para actuar ante las primeras señales de alerta.

Al respecto, el seremi Fernández valoró el enfoque preventivo del texto legal: “No se trata únicamente de sancionar, sino de promover una crianza responsable, que contribuya al bienestar de los hijos y a una mejor convivencia social, dejando la resolución de los casos en las instituciones más idóneas para resolver situaciones que involucran a niños y adolescentes y a sus familias”.

La autoridad regional fue enfática en señalar la importancia de la detección oportuna: “Queremos intervenir a tiempo cuando existan señales de riesgo, antes de que los problemas se transformen en situaciones más graves”.

Reparación rápida para las víctimas

Uno de los puntos clave de la ley es el amparo a los afectados por daños causados por menores de edad. El proyecto introduce un procedimiento especializado y expedito que permitirá a las víctimas obtener una indemnización de perjuicios en plazos razonables y de forma mucho más efectiva que con el sistema actual.

Multas y pérdida de la patria potestad

La propuesta penalizará la falta de la debida diligencia de los tutores basándose en modelos internacionales. Entre las principales sanciones y medidas que podrán aplicar los jueces se encuentran:

• Multas económicas: Sanciones a beneficio fiscal de hasta 5 UTM (aproximadamente 357.530 pesos).

• Programas obligatorios: Asistencia a terapias psicológicas, psiquiátricas o cursos de habilidades parentales.

• Sanciones severas por desacato: Ante la negativa o desinterés de los padres, el tribunal podrá decretar la suspensión o pérdida de la patria potestad.

• Pérdida de derechos futuros: Se podrá anular el derecho del progenitor a exigir pensión de alimentos al hijo cuando este sea mayor de edad.

Cualquier medida adoptada por la justicia deberá aplicarse bajo el principio del interés superior del niño, niña o adolescente, evaluando siempre la realidad particular de cada grupo familiar.