El hallazgo de una masiva e inédita brecha en la contabilidad gubernamental de las transferencias directas, la sospecha de un fraude estructural en la creación de corporaciones sin experiencia previa en el aparataje fiscal y el inicio de fiscalizaciones de alta profundidad para determinar responsabilidades administrativas y penales sacuden el tablero político nacional. Una exhaustiva auditoría instruída por la Administración del Presidente José Antonio Kast a su antecesora detectó que más de 1,4 billones de pesos transferidos a fundaciones no tienen su rendición acreditada.

Los datos fueron expuestos formalmente durante la cuarta sesión del denominado Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, instancia ministerial creada por La Moneda para auditar el uso del erario público durante el periodo presidencial de Gabriel Boric Font (2022-2026). Las conclusiones del bloque de control encendieron las alarmas por el destino de miles de millones de pesos de todos los chilenos.

La magnitud del desfalco: $1,4 billones en el limbo contable

La presidenta del comité auditor y subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Constanza Castillo, fue la encargada de desglosar las cifras, advirtiendo que el Estado falló de manera sistemática en su rol de supervigilancia y resguardo de las arcas fiscales durante los cuatro años anteriores.

“Tras cruzar las planillas de transferencias de los ministerios, detectamos que entre 2022 y 2026 se traspasaron más de 5,4 billones de pesos a fundaciones, montos que por ley debieron haber sido objeto de una rigurosa rendición. De ese gran total, más de 1,4 billones de pesos no acreditan rendición alguna. Este es un punto especialmente sensible y grave: cuando el Estado transfiere recursos a una fundación no termina ahí su responsabilidad; la obligación pública continúa de forma invariable hasta que esos pesos estén correctamente ejecutados, respaldados con facturas y rendidos ante el patrimonio nacional”, aseveró Castillo.

La subsecretaria mandató a los ministerios a iniciar revisiones caso a caso para catalogar la naturaleza de la falta: si obedeció a una lisa y llana no presentación de carpetas, rechazo técnico de rendiciones por gastos indebidos, incumplimientos dolosos de convenios o debilidades administrativas de los propios servicios públicos que liberaron las remesas.

Los servicios en jaque y las 79 fundaciones con "rendición cero"

El informe de revisión fiscal identificó de forma nítida la concentración del descontrol de caja, apuntando a tres estamentos como los peores evaluados del tramo anterior:

1. Sence: El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo se posicionó como el organismo con la mayor proporción y volumen de dinero no rendido en el país.

2. Servicio de Protección de la Niñez (Mejor Niñez): Ocupó el segundo lugar en el ránking de opacidad contable.

3. Subsecretaría de Agricultura: Completó el podio de las carteras con deficiencias críticas de respaldo.

Asimismo, la auditoría del Gobierno de Kast sacó a la luz un preocupante patrón de proliferación corporativa: entre 2022 y 2026 se crearon de forma exprés 177 nuevas fundaciones, las cuales captaron rápidamente más de 11 mil millones de pesos sujetos a rendición. De ese botín inicial, más de 6.500 millones de pesos —equivalentes al 60% de los fondos asignados— no registran acreditación técnica de gasto.

El dato más complejo del dossier de Segpres arrojó que 79 de esas 177 nuevas fundaciones no registran absolutamente ningún papel, boleta ni movimiento contable, operando bajo una condición de "rendición cero" pese a haber recibido millonarias transferencias de fondos públicos.

Escalada judicial y sumarios en cuatro ministerios

Frente a la gravedad de los antecedentes recopilados, el Ejecutivo determinó que este primer barrido es apenas el inicio de una ofensiva fiscalizadora mayor. La subsecretaria Constanza Castillo confirmó que el Gobierno instruyó la apertura inmediata de investigaciones y auditorías profundas en las carteras de Deporte, Agricultura, Energía y Salud.

La recolección de pruebas en estos ministerios busca delimitar las debilidades institucionales y establecer las eventuales responsabilidades de los exjefes de servicio, subsecretarios y ministros del periodo 2022-2026. Los antecedentes que revistan caracteres de delito económico o malversación de caudales públicos serán derivados de forma directa al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para iniciar la persecución penal de las bandas involucradas en este 2026.