El seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa Alegría, respaldó las nuevas investigaciones instruidas por el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, instancia que busca fortalecer los mecanismos de control sobre el uso de los recursos públicos y reforzar la transparencia en la administración del Estado.

Durante la cuarta sesión del comité se resolvió iniciar nuevas investigaciones en los ministerios de Salud, Deporte, Energía y Agricultura, además de analizar diversas alertas relacionadas con transferencias de recursos, rendiciones de cuentas y procesos de compras públicas.

De acuerdo con el informe presentado, entre 2022 y 2026 se transfirieron más de $5,4 billones a fundaciones sujetas a rendición de cuentas. De ese monto, más de $1,4 billones aún no cuentan con rendiciones acreditadas. Asimismo, de las 177 fundaciones creadas durante ese período, 79 no registran ninguna rendición, manteniendo pendientes de acreditar más de $6.500 millones.

Frente a estos antecedentes, Roa enfatizó que el objetivo es fortalecer los controles sin anticipar conclusiones respecto de eventuales responsabilidades.

“Las cifras conocidas son una señal de alerta que el Estado tiene el deber de investigar. No afirmamos que en todos los casos existan delitos, porque eso corresponde determinarlo a las instituciones competentes. Pero sí creemos que existen antecedentes que requieren una revisión profunda y, cuando corresponda, el establecimiento de responsabilidades. Nuestro compromiso es proteger los recursos públicos y asegurar que cada peso sea utilizado en beneficio de las personas”, señaló.

El reporte también detectó un uso significativo del mecanismo de trato directo en distintos organismos públicos, identificando servicios donde más de la mitad de las compras fueron realizadas sin licitación pública, además de un aumento en la utilización de causales excepcionales para contratar.

Sobre este punto, el seremi sostuvo que fortalecer la probidad implica perfeccionar continuamente los mecanismos de fiscalización.

“Los mecanismos excepcionales deben utilizarse solo cuando la ley lo permite y las circunstancias realmente lo justifican. Cuando los informes muestran señales de riesgo, el deber del Gobierno es fiscalizar, revisar los procedimientos y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia. La confianza ciudadana se construye con instituciones que rinden cuentas y administran responsablemente los recursos de todos los chilenos”, indicó.

El informe también informó avances en investigaciones ya iniciadas, entre ellas el caso de más de $14.000 millones correspondientes a raciones de alimentos no entregadas por JUNAEB, situación que fue denunciada al Ministerio Público, además de la revisión de más de $100.000 millones asociados al programa Becas Chile.

Finalmente, el Comité Estratégico instruyó nuevas investigaciones especiales en los ministerios de Salud, Deporte, Energía y Agricultura para revisar compras públicas, transferencias de recursos, rendiciones de cuentas y la ejecución de programas.

Al cierre, el seremi reiteró que la administración del Presidente José Antonio Kast continuará fortaleciendo los mecanismos de control del gasto público.

“Estamos avanzando en fortalecer los controles del Estado y en actuar cada vez que existan antecedentes que ameriten una investigación. Ese es el mandato que nos ha dado el Presidente: cuidar los recursos de todos los chilenos con responsabilidad, transparencia y sin espacio para la opacidad. La probidad no puede ser una consigna; debe reflejarse en acciones concretas que fortalezcan la confianza de la ciudadanía”, concluyó.