Un escenario de insurrección política transversal en el corazón de la corporación edilicia, graves imputaciones de opacidad administrativa por la gestión de contratos de difusión a espaldas de la mesa resolutiva comunal y el definitivo quiebre de relaciones entre los fiscalizadores y el jefe de la administración austral tensionan las horas previas al desfile en la Costanera. La Municipalidad de Punta Arenas ratificó de forma inflexible que mantendrá un sistema de transmisión oficial única para el Carnaval de Invierno 2026, una polémica resolución informada tras el fracaso de las mesas de mediación este jueves.

La cita, convocada con carácter de urgencia en las dependencias municipales, tenía como objetivo revisar los reclamos de los medios de comunicación de la provincia y las denuncias de censura. Sin embargo, el encuentro no solo concluyó con las puertas cerradas a una eventual reconsideración técnica, sino que profundizó la crisis institucional debido a la ausencia presencial del alcalde Claudio Radonich, quien optó por delegar la vocería del conflicto en mandos medios del estamento burocrático.

Seis meses en secreto: La indignación por el hermetismo alcaldicio

Durante el desarrollo de la sesión, los funcionarios municipales se limitaron a exponer las directrices del nuevo estándar tecnológico de señal única, confirmando de forma taxativa que la medida ya se encuentra ejecutada bajo decreto y no será revertida bajo ninguna circunstancia. Esta postura gatilló la inmediata indignación de los integrantes del Concejo, quienes descubrieron en la misma mesa que el plan se venía tejiendo bajo estricto sigilo:

El concejal Jorge Risco calificó como "lamentable y preocupante" la conducta del líder comunal. “El alcalde no está presente; envía a funcionarios a dar la cara por una decisión unilateral que toma estrictamente él en su oficina. Lo más grave es que en esta reunión supimos que esta iniciativa llevaba seis meses desarrollándose en secreto y el Concejo jamás recibió una sola minuta informática. Nos enteramos por la prensa apenas cuatro días antes del Carnaval”, fustigó el edil, advirtiendo el millonario perjuicio para los canales que ya tenían contratos comerciales firmados.

Por su parte, el concejal Jonathan Cárcamo sumó dardos a la nula transparencia del proceso: “La principal molestia radica en las formas. Las cosas en este municipio no pueden seguir haciéndose entre cuatro paredes y de espaldas a los concejales”.

Quiebre institucional y la pérdida de identidad del certamen

El flanco político escaló hacia acusaciones de daño patrimonial a la mística que rodea a las Invernadas desde mediados de los noventa. Los concejales argumentaron que centralizar la señal televisiva destruye el pluralismo y el despliegue identitario que aportaba cada estación en terreno:

• Falta de Respeto Histórico: El concejal José Becerra catalogó el dictamen como una puñalada a la prensa local. “Lamento profundamente esta decisión unilateral de Radonich. Esto es un quiebre definitivo con el Concejo Municipal y una falta de respeto hacia los medios que durante más de 30 años han puesto sus recursos y sus vidas para hacer crecer el Carnaval. Esta administración ha ido modificando paulatinamente elementos tradicionales del certamen sin diálogo previo: hoy se sigue perdiendo parte de nuestra identidad. El Carnaval pertenece a toda la comunidad, no a una administración de turno”, argumentó.

Defensa corporativa de la libertad de expresión en Magallanes

En tanto, el bloque fiscalizador enfatizó que la controversia ya superó los márgenes de una disputa de contratos locales, transformándose en una vulneración a principios constitucionales de acceso a la información pública en las zonas extremas.

La concejala Alicia Stipicic cerró filas en torno a los sindicatos y gremios de la prensa regional, lanzando un llamado a resistir el monopolio audiovisual dispuesto por La Moneda comunal de cara al fin de semana de desfiles: “Aquí hay principios fundamentales en juego, como la libertad de prensa y el fortalecimiento de las empresas comunicacionales de Magallanes. Durante más de tres décadas las radios y la televisión abierta han transmitido el carnaval libremente por las pantallas de la Patagonia, y no existe ninguna razón técnica ni justificación legal atendible para cambiar esa tradición de esta forma tan autoritaria”, concluyó.

Pese al rechazo unánime y la firma del manifiesto de repudio de la mayoría absoluta del Concejo, el blindaje de la alcaldía quedó sellado. El Carnaval de los 30 años arranca hoy sumido en una inédita trinchera judicial y política que empaña la previa de los carros alegóricos en este invierno de 2026.